El Gobierno del Estado de Baja California Sur fijó una postura firme ante la empresa SCORE International para condicionar la logística de la Baja 1000 a la entrega de garantías financieras y compromisos firmales por escrito.
Dicha medida busca asegurar la reconstrucción inmediata de las vías rurales deterioradas tras el paso de los competidores, evitando que los rancheríos queden incomunicados por semanas.
El gobernador Víctor Castro Cosío advirtió que será la última ocasión en que la administración pública asuma el costo financiero del mantenimiento vial derivado del evento off-road y expuso que la intensa fricción de los vehículos pesados genera zanjas profundas y guadal denso que paralizan el transporte escolar y el suministro de víveres a las familias locales.
Castro Cosío delegó las negociaciones de cobro directamente a los ayuntamientos por ser las entidades con afectación directa en sus territorios y asimismo, sugirió la intervención del Congreso del Estado para legislar cuotas obligatorias por vehículo participante.
La propuesta surge ante la inconformidad de comunidades en zonas como Todos Santos y Los Planes, cuyos pobladores evaluaron bloquear la ruta si no existen garantías de reparación.
La controversia coincide con los preparativos de la edición 59 de Baja 1000, "Cabo to Cabo", programada del 9 al 16 de noviembre de 2026, con arranque oficial de vehículos el próximo viernes.
El sector turístico y empresarial mantiene su respaldo a la competencia defensora de la ocupación hotelera total y la derrama millonaria en la entidad. Sin embargo, las autoridades condicionan el despliegue a compromisos de maquinaria pesada operativa en un lapso máximo de 72 horas posteriores al cierre de la carrera.
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