Dos profesores presentaron una iniciativa ante el Congreso de Baja California Sur para evitar que las autoridades educativas suspendan o despidan de inmediato a un docente cuando sea denunciado.
La medida plantea reformar el Código Penal y la Ley de Educación del estado para frenar posibles suspensiones sin revisión previa, investigaciones prolongadas sin resolver o acusaciones falsas, incluyendo señalamientos en redes sociales por parte de tutores o padres de familia.
En caso de cumplir con los procedimientos y comprobarse que la queja no tenía sustento, la propuesta exige la restitución del puesto laboral y el pago del sueldo acumulado.
Dicha iniciativa genera opiniones divididas.
Diversos sectores señalan la necesidad de evaluar el impacto de esta restricción en la seguridad de los alumnos, ya que la separación preventiva se utiliza habitualmente como una vía rápida para distanciar a los menores de posibles situaciones de riesgo mientras las investigaciones continúan su curso.
La propuesta ciudadana ya está en el Congreso estatal para su revisión y análisis formal por parte de los legisladores.
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