La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sorprendió al admitir públicamente que mantuvo conversaciones privadas con intermediarios del Gobierno estadounidense para ofrecer información de seguridad a cambio de resolver la suspensión de su visa en Estados Unidos.
En una carta abierta, la Mandataria confesó que dialogó con personas que se presentaron como agentes o enlaces de autoridades estadounidenses, aunque sin presentar ninguna acreditación oficial.
En una grabación filtrada de esa charla, Ávila se muestra dispuesta a proporcionar detalles sobre las "mesas de seguridad" o cualquier dato que el Gobierno de EE. UU. requiera, buscando limpiar su situación y evitar posibles cargos.
"¿Quieren extraditarme? ¿No pueden decirme qué quieren que les cuente? Sé muchas cosas sobre seguridad, pero necesito saber qué buscan exactamente", se escucha decir a la Gobernadora con evidente preocupación.
Además, en la conversación expresa temor a que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE. UU. la acuse de lavado de dinero, y manifiesta su voluntad de colaborar y aclarar cualquier duda: "Estoy dispuesta a hablar de todo lo que pueda para apoyar y cooperar", insiste.
Aunque no desmintió los rumores de acusaciones legales, Ávila aclaró que los intermediarios plantearon escenarios legales sin mostrar documentos oficiales ni identificaciones, y aseguró que la coordinación con autoridades mexicanas y estadounidenses en seguridad es parte de la labor institucional de Baja California como entidad fronteriza.
Este inesperado episodio pone en el centro del debate la delicada relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, y deja en el aire la incertidumbre sobre el futuro de la Gobernadora en territorio estadounidense.
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