Autoridades estatales y municipales recuerdan que el ingreso a los litorales es un derecho constitucional, reforzando la infraestructura y la difusión en los cinco municipios de la entidad y de tal forma, con el inicio formal de la temporada vacacional de verano, las playas de Baja California Sur se preparan para recibir a miles de residentes y turistas que buscan disfrutar de las riquezas naturales del estado.
Ante este incremento en la afluencia, las autoridades han reiterado que, el acceso a todas y cada una de las playas de la geografía estatal está plenamente garantizado por la ley, reafirmando que no existen playas privadas en México y que el disfrute del mar es un derecho de toda la población.
Aunque el reto de la conectividad y la infraestructura costera es un tema que involucra a toda la península sudcaliforniana —desde los litorales de Comondú, Loreto y Mulegé, hasta las costas de La Paz y el extremo sur—, el municipio de Los Cabos sirve como un claro ejemplo de las acciones de ordenamiento que se replican en la entidad. Esta zona costera en particular cuenta actualmente con 132 accesos formalmente identificados a lo largo de sus casi 190 kilómetros de litoral, permitiendo que tanto locales como visitantes nacionales e internacionales ingresen de manera libre y gratuita a los principales balnearios de la región.
El sustento detrás de estas garantías no es arbitrario, sino que responde a un sólido marco jurídico que regula las costas de todo el territorio sudcaliforniano. El libre tránsito hacia el mar se encuentra respaldado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Bienes Nacionales y el Reglamento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Adicionalmente, herramientas locales de planeación a largo plazo, como el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040, blindan estos espacios públicos frente al crecimiento inmobiliario y turístico.
Un punto crucial abordado por los coordinadores de la Zofemat en el estado es la relación con los desarrollos hoteleros y residenciales de lujo que colindan con el mar. Las autoridades han sido claras al señalar que, si bien el sector empresarial cuenta con concesiones federales legítimas para el uso y aprovechamiento de ciertas zonas de arena, dichas concesiones bajo ninguna circunstancia limitan el derecho de paso de la ciudadanía. Existe un trabajo coordinado con la iniciativa privada para asegurar que se respeten ventanas de acceso dignas, permitiendo la coexistencia entre la inversión turística y el derecho social al esparcimiento.
Para consolidar esta estrategia en beneficio de los usuarios de todo el estado, instituciones como el Instituto Municipal de Planeación (Implan) avanzan en la elaboración de un inventario integral de accesos costeros. Este proyecto, que forma parte del censo de delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre, tiene como meta mapear, proteger y dignificar los ingresos públicos, asegurando que sean espacios inclusivos y dotados de la información necesaria para los bañistas.
Este esfuerzo de ordenamiento cobra especial relevancia en los balnearios más concurridos de Baja California Sur, muchos de los cuales ostentan el prestigioso galardón internacional Blue Flag. Esta certificación ecológica avala la excelencia en la calidad del agua, la seguridad, la gestión ambiental y los servicios disponibles para el público. En el extremo sur de la península, alrededor de seis kilómetros de playa cuentan con este estandarte, consolidando al estado como uno de los líderes nacionales en playas sustentables y seguras.
Durante los meses que dure el periodo estival, el Ayuntamiento y las dependencias correspondientes intensificarán las campañas de difusión y señalización de las vías de entrada al mar. El objetivo principal es que la comunidad local y el turismo conozcan a detalle las opciones disponibles para recreación, garantizando que el patrimonio natural de Baja California Sur permanezca abierto y accesible para todos conforme a derecho.
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