El pleno de la XVII Legislatura en el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta formalmente a los ayuntamientos de Los Cabos, La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé a actualizar o, en su caso, elaborar sus respectivos Atlas de Riesgos municipales. Con esta medida, el Poder Legislativo solicitará a los cinco gobiernos locales cumplir estrictamente con la normatividad vigente en materia de protección civil, desarrollo urbano y cambio climático.
La iniciativa establece que las administraciones municipales no solo deben poner al día estos instrumentos preventivos, sino también utilizar y difundir públicamente la información contenida en ellos, asimismo, las autoridades locales tendrán la obligación de informar al Congreso del Estado sobre las acciones y avances específicos que se realicen respecto a la actualización o elaboración de dichos documentos de seguridad.
Esta llamada de atención legislativa responde a la vulnerabilidad geográfica de Baja California Sur, una entidad que enfrenta de manera recurrente fenómenos naturales de gran impacto como huracanes, inundaciones, sequías, incendios forestales y sismos, además de los efectos directos derivados del cambio climático. Ante este escenario, es indispensable fortalecer de manera urgente los mecanismos de prevención y la planeación territorial en toda la geografía estatal.
A la compleja situación climática se suma el crecimiento urbano acelerado que ha registrado la entidad en los últimos años, el cual se ha desarrollado en algunos casos de forma desordenada. Esta falta de planificación ha propiciado el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, lo que incrementa significativamente la exposición y el peligro de la población ante cualquier fenómeno perturbador.
Los Atlas de Riesgos municipales constituyen herramientas técnicas fundamentales para identificar amenazas tanto naturales como antropogénicas y se advierte gran
preocupación que en varios municipios de la entidad estos instrumentos se encuentran actualmente desactualizados o son completamente inexistentes, una carencia grave que limita la capacidad institucional para responder con eficacia ante emergencias y que frena la implementación de una adecuada gestión integral de riesgos para proteger a la ciudadanía.
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