LA PAZ, BCS. – Para el fortalecimiento de la protección de las infancias y adolescencias en la entidad, el pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión Permanente de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con lo que se busca prevenir y castigar de manera severa a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una persona menor de 18 años a vivir en una unión informal o consuetudinaria con fines similares a los del matrimonio, unificando esfuerzos para erradicar las uniones tempranas o forzadas en el territorio sudcaliforniano.
La reforma aprobada por los legisladores adiciona disposiciones estratégicas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, así como al Código Penal local, incorporando formalmente el delito de "cohabitación forzada de personas menores de edad".
El nuevo marco legal estipula que la sanción prevista para quienes incurran en esta conducta será de ocho a quince años de prisión, complementada con una penalización económica que va de los dos mil a los cuatro mil días de multa y la legislación es tajante al precisar que el supuesto consentimiento de la persona menor de edad no excluye en ningún caso la responsabilidad penal del infractor.
Uno de los puntos más relevantes de esta modificación legal es el blindaje contra argumentos tradicionales o de arraigo social, pues el decreto establece explícitamente que no podrán invocarse usos, costumbres, prácticas comunitarias, religiosas o culturales como justificación para validar estas uniones.
Durante el debate parlamentario se destacó que, si bien se respetan las identidades culturales, las malas prácticas deben ser sancionadas y los usos y costumbres tienen la obligación de evolucionar cuando vulneran los derechos humanos de los sectores más vulnerables.
A partir de la aprobación de este dictamen, tanto el Gobierno del Estado como los cinco municipios de Baja California Sur quedan obligados a adoptar medidas integrales para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra la cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión.
Asimismo, para garantizar un acceso efectivo a la justicia y evitar la impunidad con el paso del tiempo, el decreto establece la imprescriptibilidad de la acción penal y de las sanciones cuando se trate de delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad de los menores.
Con esta resolución, Baja California Sur se alinea a la tendencia jurídica nacional de protección a la infancia. Actualmente, entidades como Campeche, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas ya han reformado sus respectivos códigos penales para castigar la cohabitación forzada con penas significativas.
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