La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja
California Sur aprobó de manera unánime el dictamen formulado por la Comisión
Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, el cual introduce
modificaciones sustanciales al marco jurídico local con el propósito explícito
de robustecer la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres que han
sido víctimas de agresiones de índole sexual.
La iniciativa se enfoca prioritariamente en combatir los
altos índices de impunidad que se suscitan cuando los lazos de parentesco o
consanguineidad son utilizados para ocultar o proteger a los presuntos
responsables de estos crímenes graves.
La reforma legislativa suprime las denominadas excusas
absolutorias que históricamente permitían a ciertos familiares encubrir a los
perpetradores de delitos sexuales sin enfrentar repercusiones penales directas.
Los integrantes de la comisión dictaminadora señalaron que esta medida responde
directamente a una dolorosa tendencia al alza en las estadísticas de violencia
sexual dentro del territorio estatal, una realidad que exigía una intervención
legal contundente para evitar que los entornos familiares se conviertan en
zonas de resguardo para la delincuencia.
Durante el proceso de análisis, los legisladores
incorporaron valiosas observaciones técnicas aportadas por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Entre estas adiciones
destaca una cláusula de excepción humanitaria de vital importancia, la cual
estipula que el encubrimiento no será punible cuando la persona que ocultó los
hechos haya sido a su vez víctima del mismo agresor.
Esta salvedad reconoce la existencia de dinámicas de
sometimiento físico o psicológico que generan una imposibilidad material para
denunciar oportunamente los agravios perpetrados contra los menores de edad en
el hogar, protegiendo así a las víctimas vulnerables de dobles procesos
judiciales injustos.
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