La incidencia de actos de corrupción al realizar trámites o tener contacto con autoridades en México registró un repunte reciente, según revelaron los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, presentados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el organismo autónomo, la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes experimentó un incremento a nivel nacional, al pasar de 25 mil 394 casos registrados en 2023 a 27 mil 438 en la medición de 2025.
Dicho aumento no solo se reflejó en la frecuencia de los eventos, sino también en el bolsillo de los ciudadanos, ya que el costo promedio de la corrupción por persona afectada subió un 15% en comparación con el ejercicio previo, generando un impacto económico global de 17,707 millones de pesos, lo que equivale a un promedio de 3 mil 865 pesos por cada víctima.
Dentro de esta dinámica nacional, la encuesta identificó variaciones interanuales significativas en seis estados de la República, destacando que Baja California Sur formó parte del grupo de entidades que presentaron incrementos estadísticos significativos en la materia, junto con la Ciudad de México y Yucatán.
El análisis geográfico del Inegi muestra disparidades marcadas en el territorio nacional, una vez que, las entidades federativas que reportaron las tasas más altas de prevalencia de corrupción en 2025 fueron Hidalgo, a la cabeza con 46 mil 219 actos por cada 100 mil habitantes; seguida por Tabasco, con 41 mil 330, y la Ciudad de México, con 38 mil 866.
En el extremo opuesto, las menores incidencias se concentraron en Colima, con apenas 9,099 actos por cada 100 mil habitantes; Querétaro, con 14 mil 511, y Tamaulipas, con 15 mil 591.
En contraste con los estados que empeoraron, el informe resaltó que Colima, Querétaro y Tlaxcala lograron registrar disminuciones estadísticamente relevantes en sus indicadores respecto al ejercicio anterior.
En el desglose por tipo de servicio, el contacto con las autoridades de seguridad pública se consolidó como el sector más vulnerable, concentrando el 63.5% de los incidentes de corrupción reportados por la población. Le siguieron los permisos relacionados con la propiedad, que acumularon un 32% de las menciones. Estos dos rubros también absorbieron el mayor impacto financiero para la ciudadanía, pues los trámites ante el Ministerio Público o las Fiscalías estatales sumaron pérdidas por 5,122 millones de pesos, mientras que la interacción con cuerpos de seguridad pública representó un costo de 4,374 millones de pesos.
La única nota positiva del informe sectorial provino del ámbito empresarial. Los trámites requeridos para la apertura de nuevos negocios registraron una tendencia a la baja en la experiencia de corrupción de los usuarios, descendiendo del 27.5 por ciento observado en 2023 al 23.5 por ciento en la medición de 2025, situándose como un área con avances en la simplificación o transparencia de sus procesos.
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