Los Cabos enfrenta una tensa jornada, tras una serie de
bloqueos en las principales arterias viales que han dejado al descubierto una
fractura profunda entre los transportistas federales, sector empresarial y autoridades
del Gobierno del Estado.
Transportistas
federales denunciaron "abuso de autoridad" y fallas técnicas que los
dejan sin sustento, el sector empresarial califica de "inadmisible"
la parálisis de las vías ante la pasividad gubernamental, y el gobernador
Víctor Manuel Castro Cosío respondió con un rotundo "no vamos a
ceder", cerrando la puerta a cualquier negociación que implique doblar la
ley ante la presión de los bloqueos.
La parálisis de vías estratégicas como el boulevard Lázaro
Cárdenas y la avenida Constituyentes en Cabo San Lucas no solo detuvo el
tráfico por más de siete horas, sino que pueso en jaque la operatividad del
motor económico de Baja California Sur, evidenciando un conflicto donde la
legalidad y la operatividad técnica son los principales puntos de discordia.
Este colapso
no es solo un tema de tráfico, sino una crisis de gobernabilidad denunciada por
el Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC). El organismo empresarial envió un
reclamo formal a los tres niveles de gobierno señalando que resulta
incomprensible que ninguna autoridad activara mecanismos de intervención
temprana. Para el sector productivo, el costo de estos bloqueos es crítico:
desde servicios de emergencia bloqueados y trabajadores que no llegan a sus
puestos, hasta una herida profunda en la imagen internacional de Los Cabos, donde
los turistas terminan caminando con maletas en mano para no perder sus vuelos.
Por su parte
los transportistas sostienen que la movilización es una respuesta desesperada a
operativos que consideran "piratas" por parte de la autoridad
estatal. La queja principal radica en el sistema de códigos QR implementado
para validar sus servicios; según los conductores, la plataforma es lenta,
ineficaz y borra registros de servicios ya programados, lo que genera demoras
de hasta dos horas. Los manifestantes denuncian que se han retirado unidades de
circulación sin multas de por medio ni argumentos legales sólidos, calificando
la situación como una persecución que los deja vulnerables frente a la
interpretación arbitraria de los inspectores en pleno boulevard Lázaro
Cárdenas.
La postura
política del Gobierno del Estado añade una capa de firmeza que aleja una
solución inmediata por la vía de la concesión. El gobernador Víctor Castro ha
sido enfático en respaldar la gestión de Martín Salinas al frente de la
Dirección Estatal de Transporte, a pesar de que su destitución es una de las
principales exigencias de los transportistas.
El
mandatario ha dejado claro que los operativos continuarán y que las unidades
detenidas lo fueron "con todas las de la ley". Bajo la premisa de que
"los que anden chuecos se tendrán que enderezar", el Ejecutivo
estatal advirtió que no permitirán ser rehenes de ningún gremio, lo que
mantiene el conflicto en un punto muerto: con una autoridad que no retrocede y
un sector transporte que se siente asfixiado por la burocracia digital y la
fuerza pública.
Comentarios
Publicar un comentario