Sin consulta pública previa, un decreto presidencial encendió la mecha en Loreto, Baja California Sur, una vez que autorizaba el acceso de barcos de gran calado a la bahía, desatando una auténtica rebelión ciudadana en defensa de un santuario natural que hoy respira aliviado gracias a un freno judicial.
La medida del Ejecutivo Federal justificaba la apertura
marítima bajo la premisa de ordenar la navegación, y convertir dicho litoral en
un “Puerto de altura y Cabotaje”, lo cual activó una reacción inmediata de la
comunidad loretana, que vio en la llegada de Megacruceros como una sentencia de
muerte para el turismo ecológico y el hábitat de las ballenas.
La crisis, escaló rápidamente y obligó a las autoridades a
recular y prometer candados ambientales, pero la estocada definitiva llegó por
la vía legal una vez que la organización "México Unido por sus
Playas" logró que el Juez Segundo de Distrito concediera la suspensión
temporal del decreto dentro del expediente 692/2026, congelando las intenciones
portuarias de la federación y devolviendo, al menos por ahora, la paz al Mar de
Cortés.
Los pobladores del municipio manifestaron su enérgico rechazo masivo hacia
las implicaciones de esta conversión portuaria, pescadores
y habitantes argumentan que la llegada de navíos de enormes dimensiones
alteraría irreversiblemente la dinámica socioeconómica local, la cual depende
de un modelo de turismo ecológico de bajo impacto y de la pesca sustentable.
La comunidad loretana defiende que las decisiones que transforman de manera
tan radical su entorno deben ser sometidas a consultas ciudadanas reales y
transparentes, en lugar de ser impuestas de forma centralizada.
Ante la presión, las movilizaciones
y el descontento de la ciudadanía, las autoridades locales adoptaron una
postura de mediación y replanteamiento.
El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro
Cosío, se comprometió a que se llevarán a cabo modificaciones sustanciales al
polémico ordenamiento para asegurar que no ingresen embarcaciones de gran
calado que pongan en riesgo el Área Natural Protegida.
Autoridades y Consejo Asesor del Parque Nacional enfatizaron que el espíritu
original del documento era estrictamente administrativo y de regularización de
la navegación actual, descartando por completo planes para expandir la
infraestructura portuaria con fines industriales pesados, sin embargo, ante la
inconformidad ciudadana, ahora garantizan que se diseñarán rutas alternas de
tránsito marítimo que protejan de forma irrestricta la biodiversidad y respeten
la identidad del destino turístico.
El frente legal para
detener la iniciativa presidencial avanzó formalmente mediante los mecanismos
de justicia federal. Voceros de la organización ciudadana "México Unido
por sus Playas" informaron haber promovido un juicio de amparo ante el
Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Baja California Sur, radicado bajo
el número de expediente 692/2026.
Los representantes de la organización declararon que
la autoridad judicial federal ha concedido oficialmente la suspensión temporal
de los efectos del decreto presidencial, una medida cautelar que paraliza
temporalmente la entrada en vigor de la reclasificación portuaria.
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