La Paz, Baja California Sur. — Lo que debería ser un derecho
básico y un servicio digno para cientos de familias que se desplazan
diariamente entre la subdelegación de El Centenario, Chametla y el centro de La
Paz, se ha convertido en un calvario cotidiano, pues los usuarios de la ruta
operada por los Autotransportes Sub-Urbanos Pioneros del Centenario enfrentan
un colapso silencioso del sistema de transporte, atrapados entre la
ineficiencia operativa, el abandono de las unidades y la constante amenaza de
un golpe a sus bolsillos.
Aunque el reglamento municipal dicta que los camiones deben
circular con una frecuencia estimada de 40 minutos, la realidad en las paradas
de autobús cuenta una historia muy diferente, y tal parece que, para los
trabajadores y estudiantes de El Centenario, el tiempo no se mide en minutos,
sino en incertidumbre.
Los choferes incumplen sistemáticamente los horarios
establecidos, esperar el transporte se ha vuelto una lotería donde los usuarios
reportan retrasos que superan una y hasta dos horas de espera, forzándolos a
salir con excesiva anticipación o a recurrir a transportes privados (Uber o
Didi) y colectivos alternos, lo que desestabiliza la economía familiar.
La falta de un sistema de monitoreo real deja a los ciudadanos
en el desamparo total ante la arbitrariedad de quienes conducen las unidades.
Abordar una unidad de esta ruta es adentrarse en un inventario
de deficiencias, debido aquel parque vehicular muestra un deterioro alarmante
que pone en entredicho las revisiones mecánicas y de seguridad de las
autoridades locales.
Los usuarios se sientan sobre asientos rotos, estructuras
desprendidas y cojines expuestos que dañan la ropa y la comodidad, en otros
casos interiores vandalizados, pasamanos flojos, ventanas trabadas y falta de
ventilación en una región donde el calor no da tregua y las temperaturas
superan los 40 grados centígrados.
Constantes fallas mecánicas en los camiones han dejado sin
servicio a los usuarios en muchas ocasiones y este panorama solo es evidencia
que las ganancias obtenidas no se reinvierten en el mantenimiento mínimo de los
vehículos, comprometiendo la seguridad vial de toda la comunidad.
A pesar del pésimo estado del servicio, el sector
transportista ha mantenido una presión constante sobre las mesas de negociación
y las calles para exigir un incremento en las tarifas.
El intento de subir los costos del pasaje a 18 pesos —que
actualmente se mantiene en un límite oficial de $12.00 pesos general y 6.00
preferencial para estudiantes y 3era edad— es visto por la ciudadanía como un
abuso inaceptable.
La postura comunitaria es firme: no se puede pagar más por un
servicio que cada día ofrece menos.
Autorizar un aumento bajo las condiciones actuales de las
unidades y el desorden de las frecuencias significaría premiar la negligencia
operativa a expensas de la economía de las clases trabajadoras.
La situación de los camiones de El Centenario es el reflejo
de una falta de supervisión enérgica por parte de la Dirección de Transporte
Municipal, los usuarios exigen que se condicione cualquier diálogo sobre
tarifas a una modernización real del parque vehicular, a la aplicación de
sanciones severas por el abandono de rutas y al establecimiento de horarios
fijos y auditables.
Es urgente que se establezca el compromiso de introducir a
ese sector ciudadano una ruta nueva, con las camionetas llamadas “peseras” o con
camiones similares al Tiburón Urbano que, en otras colonias de La Paz, ofrecen
un servicio de transporte con aire acondicionado y muchas más comdidades.
Mientras tanto, los habitantes de El Centenario seguirán
esperando en la carretera, bajo el sol, a merced de un transporte que se cae a
pedazos.
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