Una propuesta legislativa presentada ante el Congreso de Baja California Sur pretende reformar el Código Penal y diversas leyes de tránsito y hacienda para evitar que los ciudadanos enfrenten cargos excesivos tras sufrir el robo o siniestro de sus vehículos.
El objetivo central es impedir la revictimización de los propietarios, eliminando el impacto económico que hoy representan los servicios de arrastre, maniobra y almacenaje en situaciones de vulnerabilidad.
De aprobarse estos cambios, quienes logren recuperar un vehículo robado quedarían exentos de pagar multas y derechos de corralón, siempre que la denuncia formal se haya presentado en las primeras 72 horas y, bajo esta lógica, se busca que el dueño de la unidad no sea castigado financieramente por un delito del cual ya fue víctima.
El proyecto tambén plantea que en accidentes donde no existan lesiones graves, los vehículos puedan quedar bajo custodia de sus dueños tras el peritaje oficial, evitando que permanezcan en depósitos durante todo el proceso de investigación.
Otro punto relevante de la reforma es la prohibición de utilizar el resguardo de automóviles como garantía de pago para infracciones administrativas o reglamentos de tránsito.
En su lugar, se propone que los ayuntamientos utilicen procedimientos administrativos de cobro que no pongan en riesgo la integridad de las unidades ni generen deudas que, con el tiempo, resultan impagables para las familias. Además, en alcances menores con daños solo estéticos, se permitiría a los conductores documentar el hecho con fotos o video y liberar la vía pública de inmediato, siempre que cuenten con seguro y no haya consumo de sustancias de por medio.
La iniciativa ha sido turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, y Asuntos Fiscales para su análisis.
Comentarios
Publicar un comentario