El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó diversas reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de crear la Defensoría Pública Electoral, un nuevo mecanismo diseñado para ofrecer asesoría, orientación y representación jurídica de manera totalmente gratuita en la materia.
Dicha modificación legislativa busca consolidar el acceso a la justicia electoral a nivel local, garantizando que los ciudadanos cuenten con el respaldo legal necesario ante las autoridades correspondientes durante los procesos democráticos.
El dictamen aprobado centra sus esfuerzos en proteger y respaldar los derechos político-electorales de los grupos de atención prioritaria y sectores en condición de vulnerabilidad. y a través de este acompañamiento especializado, la Defensoría Pública Electoral enfocará sus servicios prioritariamente en personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y otros colectivos que históricamente han enfrentado barreras en el ejercicio de sus prerrogativas ciudadanas, asegurando una representación equitativa y sin costo alguno.
Los integrantes de esta defensoría tendrán la obligación estricta de conducirse bajo los principios fundamentales de legalidad, imparcialidad, profesionalismo y respeto absoluto a los derechos humanos. Asimismo, la normativa aprobada establece con claridad las atribuciones, restricciones y obligaciones del personal, estipulando que deberán mantenerse completamente libres de conflictos de interés para salvaguardar la neutralidad del servicio y asegurar el carácter público y gratuito de las asesorías.
El decreto correspondiente entrará en vigor de manera oficial el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. y a partir de esa fecha, se abrirá un plazo de 30 días naturales para realizar la designación de la persona titular de la Defensoría Pública Electoral, periodo en el cual también se deberá presentar el reglamento interior ante el pleno del tribunal competente para su respectiva aprobación, permitiendo posteriormente el inicio de la contratación del personal operativo necesario para el funcionamiento formal de la institución.
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