La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo,
anunció este día que enviará una carta formal dirigida a los titulares de los
Ejecutivos estatales, entre ellos al gobernador de Baja California Sur, Víctor
Manuel Castro Cosío, con la finalidad de precisar el marco legal que debe ser
atendido estrictamente por las administraciones locales en cualquier escenario
de colaboración con instancias y organismos extranjeros.
La mandataria federal optó por no revelar el contenido íntegro de la misiva,
aunque fue clara al señalar que el eje central de esta comunicación es
establecer que todos los acuerdos o convenios que pretendan realizarse con
entidades del exterior deben contar con la revisión y validación previa de las
autoridades federales. Dicha instrucción busca garantizar que la política
exterior y de seguridad mantenga una cohesión nacional bajo el amparo de la
Constitución.
Esta medida llegará a Baja California Sur y al resto de
las entidades como una acción de carácter preventivo, diseñada para evitar
vacíos legales o interpretaciones ambiguas en el ejercicio de las facultades
estatales.
La necesidad de este protocolo surge en un contexto de creciente escrutinio
tras la controversia generada por la presencia de agentes de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) en el estado de Chihuahua, detectada durante un operativo
realizado en la región de Morelos.
El Incidente en la Sierra de
Chihuahua
La
controversia se originó tras un accidente vehicular ocurrido el pasado domingo 19
de abril de 2026 en el municipio de Morelos, ubicado en la región
serrana de Chihuahua. Una camioneta cayó a un barranco y explotó mientras
regresaba de un operativo destinado a la destrucción de laboratorios
clandestinos de droga. En el siniestro perdieron la vida cuatro personas: dos
agentes locales de la Fiscalía de Chihuahua y dos agentes de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.
El suceso
reveló la participación activa de inteligencia extranjera en operativos de
campo en territorio mexicano, lo cual desató una fuerte reacción del Gobierno
Federal. La presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) declararon que no tenían conocimiento previo de la
presencia de estos agentes ni de su participación en el operativo.
Este hecho
ha sido señalado como una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional,
la cual establece que cualquier colaboración con agencias extranjeras debe ser
autorizada y supervisada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el
gabinete de seguridad federal.
Mientras
tanto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, defendió la acción
destacando que el operativo logró desmantelar el laboratorio de drogas más
grande detectado hasta la fecha, la Presidencia de la República calificó la
falta de coordinación como un riesgo para la soberanía nacional.
Como
consecuencia directa, el Gobierno Federal reitera en la carta dirigida a los 31
gobernadores la obligatoriedad de someter cualquier acuerdo de seguridad
internacional a los protocolos federales vigentes.
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