El Congreso
del Estado de Baja California Sur aprobó por unanimidad una serie de reformas al Código Penal local, centradas en el reconocimiento de la legítima
defensa con perspectiva de género.
Dicha
modificación legal establece que, en casos donde una mujer sea víctima de
violencia física, sexual o psicológica, y deba defenderse de su agresor, los
jueces y el Ministerio Público deberán considerar el contexto de vulnerabilidad
y la historia de abuso previo. Con esto, se busca evitar que las mujeres que
actúan en defensa de su vida o integridad sean procesadas penalmente o
encarceladas injustamente bajo acusaciones de exceso en la legítima defensa.
Los
legisladores destacaron que Baja California Sur se coloca a la vanguardia
nacional en materia de derechos humanos y protección a la mujer. Sin embargo,
activistas locales señalaron que el reto ahora reside en la capacitación de los
policías y peritos para que apliquen estas nuevas disposiciones de manera
correcta desde el momento del primer contacto en una escena de violencia.
La reforma
fue impulsada por colectivos feministas y la Comisión de Igualdad de Género del
Congreso, tras analizar diversos casos donde víctimas de violencia doméstica
terminaron en prisión por defenderse de ataques brutales.
Además de
este cambio, las reformas incluyen un endurecimiento de las penas para delitos
de violencia familiar y la obligatoriedad de que los agresores reciban
tratamiento psicológico especializado.
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