El Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó cargos federales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusándolo de conspiración para el tráfico internacional de drogas y protección institucional a facciones del Cártel de Sinaloa.
La acusación presentada ante las cortes federales vincula directamente al mandatario estatal con operativos de distribución de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas, además de señalar delitos relacionados con el lavado de dinero y el uso de armas de fuego de uso exclusivo militar.
De acuerdo con el expediente hecho público por las autoridades estadounidenses, la investigación sostiene que Rocha Moya habría utilizado su cargo para facilitar las operaciones de la facción conocida como "Los Chapitos", por lo que, los fiscales alegan que el gobernador, junto con un círculo cercano de colaboradores, recibió sobornos millonarios a cambio de garantizar la impunidad de los líderes criminales y proporcionar información estratégica que permitió evadir operativos de seguridad coordinados por agencias internacionales.
La acusación no se limita al titular del ejecutivo sinaloense, sino que se extiende a figuras clave de su administración. Entre los señalados figuran Enrique Inzunza Cázarez, Secretario General de Gobierno, y el Vicefiscal General de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra. Este último es objeto de un señalamiento específico por presuntamente recibir pagos mensuales de once mil dólares a cambio de alertar a la estructura criminal sobre movilizaciones de fuerzas federales y agencias extranjeras en la entidad. Asimismo, el pliego incluye a Juan Valenzuela Millán, vinculado a la logística delictiva y a incidentes violentos contra informantes de la DEA.
Este proceso judicial es la culminación de una serie de eventos críticos que comenzaron a erosionar la posición de Rocha Moya desde mediados de 2024.
El punto de quiebre fue la publicación de una carta atribuida a Ismael "El Mayo" Zambada tras su detención, en la cual el capo afirmaba que el gobernador asistiría a una reunión donde fue emboscado y donde fue asesinado el político Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Aunque el mandatario estatal negó reiteradamente su presencia alegando un viaje a Los Ángeles, las investigaciones posteriores de la Fiscalía General de la República en México calificaron las diligencias locales sobre el homicidio de Cuén como un montaje, lo que reforzó las sospechas de protección oficial.
La presión diplomática y judicial ya se había manifestado previamente con la revocación de la visa del gobernador por parte del Departamento de Estado, una medida que anticipaba la estrategia de "tolerancia cero" adoptada por la administración estadounidense contra funcionarios sospechosos de colaborar con el crimen organizado.
Hasta el momento, el gobernador Rocha Moya ha rechazado los cargos, calificándolos como una campaña de desprestigio y ataques con tintes políticos, mientras que el proceso legal en las cortes estadounidenses sigue su curso para determinar la responsabilidad jurídica de los implicados.
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