La Paz, BCS.- Con el objetivo primordial de reducir los accidentes viales y salvar vidas, el Congreso de Baja California Sur analiza una reforma a la Ley de Tránsito Terrestre que busca establecer controles de alcoholimetría obligatorios y más estrictos en todo el estado.
Dicha iniciativa pretende que los operativos de revisión dejen de ser ocasionales para convertirse en una herramienta permanente de seguridad ciudadana, enfocada en detectar no solo el consumo de alcohol, sino también de sustancias psicotrópicas y narcóticos.
Uno de los pilares de esta reforma es el esquema de prohibiciones específicas que no admite matices.: La propuesta dicta una política de tolerancia cero para dos grupos fundamentales: los menores de edad y los conductores de transporte público. Para ellos, la regla es absoluta debido a que no podrán manejar con ninguna concentración de alcohol en la sangre o en el aire espirado, mientras que, para el resto de la población existen límites técnicos, para quienes trasladan pasajeros o aún no cumplen la mayoría de edad, cualquier rastro de consumo será motivo de sanción inmediata.
Para evitar abusos de autoridad y brindar tranquilidad al ciudadano, la iniciativa busca que las inspecciones se realicen bajo reglas claras y transparentes.
Se integrarán al marco legal definiciones precisas sobre qué es un alcoholímetro y cómo debe funcionar un punto de control y destaca que el Protocolo de Implementación de Puntos de Control de Alcoholimetría del CONAPRED será de carácter obligatorio y vinculante, lo cual significa que las autoridades no podrán actuar de forma improvisada, sino que deberán seguir estándares nacionales que garantizan el respeto a los derechos humanos durante cada revisión.
La reforma presentada por la diputada Lupita Saldaña Cisneros, no se limita a la aplicación de multas, sino que amplía el castigo al aseguramiento del vehículo, arresto administrativo y la realización de trabajo comunitario.
En el caso de los conductores menores de edad que resulten positivos en la prueba, la normativa prevé protocolos específicos para su entrega inmediata a sus padres o tutores, buscando siempre su resguardo pero dejando claro que la infracción conlleva una responsabilidad ineludible. Dicha propuesta se encuentra actualmente bajo análisis en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Movilidad y Seguridad Vial para su dictaminación final.
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