La Paz, BCS. - La crisis ambiental y de salud pública en la capital de Baja California Sur ha encendido nuevamente las alarmas luego de darse a conocer las graves omisiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el manejo de sus emisiones contaminantes, principalmente en la planta de Punta Prieta.
Ante este panorama, la Alianza por la Calidad del
Aire, conformada por diversas organizaciones civiles y académicas, lanzó un
llamado de exigencia urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno
para que ordenen medidas correctivas inmediatas y eficaces en la Central de
Combustión Interna (CCI) y la Central Termoeléctrica de Punta Prieta,
advirtiendo que el deterioro en la calidad del aire representa un riesgo
directo y continuo para la salud de los habitantes de La Paz.
El
posicionamiento de la Alianza surge pocos días después de que la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) impusiera multas conjuntas por más
de 1.2 millones de pesos a ambas infraestructuras energéticas.
Las sanciones, aplicadas a mediados de marzo de 2026, confirmaron lo que la ciudadanía y los colectivos ambientales habían denunciado sistemáticamente: la CFE operaba en La Paz sin poder acreditar el cumplimiento de los límites máximos de emanaciones tóxicas dictados por las normas oficiales de salud y medio ambiente. Las inspecciones federales destaparon que en estas instalaciones no existían registros fidedignos sobre el consumo de combustibles de combustóleo ni reportes sobre el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas que, en teoría, deberían filtrar la contaminación antes de liberarla a la atmósfera de la bahía.
Sin embargo, para los defensores del medio ambiente, el aspecto económico del castigo resulta insuficiente frente a la magnitud del problema respiratorio y ecológico. Los portavoces del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización integrante de la Alianza y pieza clave para obligar a la Profepa a reabrir este caso mediante un juicio de amparo federal, han sido enfáticos al señalar que cobrar una sanción administrativa no limpia el cielo sudcaliforniano ni repara el daño en los pulmones de la población. Las organizaciones insisten en que la legislación es clara al estipular que la autoridad debe dictar lineamientos técnicos forzosos que garanticen el freno absoluto de las emisiones fuera de norma.
La preocupación por la salud de las familias paceñas no es un tema menor. En La Paz, una ciudad donde se ha documentado que sólo cuenta con una buena calidad del aire durante una tercera parte del año, la constante quema de combustibles fósiles densos libera partículas suspendidas y gases altamente tóxicos. La exposición crónica a este tipo de contaminantes emanados de las chimeneas de Punta Prieta y la CCI está directamente vinculada con el incremento de enfermedades respiratorias, afecciones cardiovasculares y un deterioro general en la calidad de vida, afectando con mayor severidad a la población infantil y a los adultos mayores. Recientemente, a la par de las resoluciones legales, los habitantes han documentado en redes sociales columnas de humo negro inusualmente denso cubriendo parte del cielo paceño, evidenciando la crudeza del impacto ambiental diario.
Frente a la inacción histórica que ha mantenido a la entidad atada a un modelo de generación eléctrica obsoleto y nocivo, la Alianza por la Calidad del Aire exige que la multa económica se transforme en el inicio de una estrategia integral dictada por el Estado. La exigencia principal no es cerrar repentinamente el suministro energético, sino aplicar regulaciones estrictas de operación limpia en lo inmediato y establecer una ruta crítica, transparente y obligatoria para la transición hacia fuentes de energía renovables. Para las organizaciones civiles y los residentes del puerto, respirar aire limpio no debe ser visto como un lujo, sino como un derecho humano inalienable que actualmente está siendo vulnerado por la principal empresa energética del país.
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