La Presidenta
Claudia Sheinbaum defendió hoy su iniciativa de reforma electoral que busca
reducir los tiempos destinados a la propaganda política en radio y televisión,
argumentando que en la actualidad las plataformas digitales y las redes
sociales tienen una influencia mucho mayor en la ciudadanía.
La
Mandataria explicó que esta modificación aplicaría exclusivamente a los
espacios otorgados a los partidos políticos durante los periodos de precampañas
y campañas y detalló que la forma en que
la población se comunica e informa ha migrado drásticamente hacia el entorno
digital.
La mayor
parte del impacto de las campañas políticas proviene hoy en día de las redes sociales,
mientras que la televisión y la radio, aunque conservan cierta influencia, han
ido perdiendo terreno, además, dicha propuesta no es una decisión unilateral,
sino que surgió de las conclusiones obtenidas en los foros organizados para
analizar la reforma electoral, donde la Comisión encargada consideró pertinente
aplicar esta reducción de tiempos ante el hartazgo ciudadano por la saturación
de spots tradicionales.
Un punto
fundamental que aclaró la titular del Ejecutivo es que esta medida no afectará
en absoluto los tiempos oficiales que el Gobierno utiliza para la difusión de
campañas institucionales de vital importancia. A modo de ejemplo, garantizó que
los mensajes sobre temas de salud pública, como las campañas contra el consumo
de drogas o la actual jornada de vacunación contra el sarampión, se mantendrán
intactos. La restricción, enfatizó, está diseñada únicamente para la propaganda
político-electoral y no altera las comunicaciones de utilidad pública.
Respecto a
la implementación de estos cambios, Sheinbaum indicó que la iniciativa no
impone un formato específico para la nueva propaganda, dejando esa
responsabilidad a la legislación secundaria o a las determinaciones que emita
el propio árbitro electoral. La intención principal es adecuar la ley a los
nuevos hábitos de consumo de medios y evitar el hastío de los votantes frente a
la excesiva cantidad de anuncios políticos en los medios tradicionales.
Finalmente, destacó
una importantísima adición en la reforma: la regulación del uso de la
inteligencia artificial y dijo que es altamente probable que en las elecciones
de 2027 se utilice esta tecnología de forma masiva, la iniciativa propone que
cualquier contenido generado mediante inteligencia artificial durante las
campañas deba estar claramente etiquetado. El objetivo de esta disposición es
garantizar la transparencia, obligando a los creadores de contenido político a
incluir una marca visible para que la ciudadanía sepa de antemano que está observando
material creado o alterado artificialmente.
El salto a la modernidad electoral y la transparencia digital
Resulta un
acierto separar tajantemente la propaganda partidista de la comunicación
institucional del Estado. Garantizar que las campañas de salud pública,
educación o seguridad no sufran recortes de tiempo en medios masivos es vital,
pues el Estado tiene la obligación ineludible de mantener informada a la
población sobre temas de interés nacional, independientemente del ruido
electoral. La reducción de la contaminación visual y auditiva de las campañas
políticas en los medios convencionales seguramente será recibida con alivio por
una ciudadanía fatigada de las promesas de treinta segundos.
Sin embargo,
el aspecto más innovador y quizás más trascendental de esta propuesta es la
obligación de transparentar el uso de la inteligencia artificial. Al anticipar
que los comicios de 2027 estarán inundados de esta tecnología, el gobierno se
adelanta a un problema que ya está causando estragos en otras democracias del
mundo: los "deepfakes" y la manipulación hiperrealista. Exigir que los
partidos coloquen advertencias visibles en los materiales generados por
computadora no es un acto de censura, sino un pilar fundamental para el derecho
a la información veraz.
El reto
ahora no radica en la aprobación de estas medidas, sino en la capacidad de las
autoridades electorales para hacerlas cumplir. Las redes sociales son un
territorio vasto y de difícil fiscalización. Si bien es positivo reducir los
spots en televisión, el árbitro electoral deberá desarrollar herramientas
tecnológicas igual de avanzadas para auditar las campañas digitales y castigar
a quienes intenten engañar al electorado con inteligencias artificiales no
declaradas. La modernización de la ley es el primer paso; la efectividad de su
vigilancia será la verdadera prueba de fuego para nuestra democracia en la era
digital.
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