En Cabo San Lucas, el azul profundo del mar de Cortés se funde con el verde
inmaculado de los campos de golf que parecen pintados a mano, pero a tan solo a
unos kilómetros de la opulencia de los resorts de mil dólares la noche, donde
fluye la diversión y el tiempo se detiene, se levanta un muro invisible hecho
de polvo, lámina y carencia: “El Otro Cabo", un motor humano que hace
funcionar el paraíso pero que, irónicamente, no tiene un lugar digno dentro de
él.
Mientras el mundo mira las fotos de Instagram en las playas de El Chileno,
una fuerza laboral de miles de personas libra una batalla diaria por el agua,
la vivienda y el tiempo, sobreviviendo en la sombra de una de las zonas
turísticas más ricas del planeta.
Los Cabos, en Baja California Sur, se ha consolidado como la joya de la
corona del turismo mexicano, pero su brillo esconde una de las brechas de
desigualdad más profundas del país.
Este municipio, cuya cabecera en San José, ha registrado un crecimiento
poblacional explosivo en la última década, con tasas que superan el 4% anual,
casi el triple de la media nacional y es una expansión impulsada por una
vorágine de inversión extranjera, terminó por crear una cruel paradoja: el
municipio que más aporta al Producto Interno Bruto de Baja California Sur es
también el que concentra los asentamientos irregulares más grandes del estado.
Se estima que actualmente más de 35 mil personas residen en zonas de alto
riesgo, principalmente en cauces de arroyos, donde la tenencia de la tierra es
un laberinto legal y la infraestructura urbana brilla por su ausencia.
La crisis de vivienda es el síntoma más evidente de este desarrollo
desequilibrado, pues un trabajador promedio del sector servicios —camarista,
mesero o cocinero— percibe un salario que, con propinas incluidas, oscila entre
los 12 mil y 16 mil pesos mensuales, sin embargo, en un mercado inmobiliario
prácticamente dolarizado, el costo de vida es asfixiante.
Tan solo la renta de un cuarto modesto en zonas periféricas puede consumir
hasta el 55% o 60% del ingreso familiar, obligando a las familias a desplazarse
hacia la periferia extrema lo que genera "ciudades dormitorio" donde
los trabajadores invierten entre dos y tres horas diarias en transporte público
deficiente, restando tiempo vital para la crianza, el descanso y el tejido
social.
Escases de agua
El agua es el recurso más crítico del estado, ilustra esta división de forma
casi violenta, pues los grandes desarrollos turísticos cuentan con plantas
desaladoras privadas de última tecnología que garantizan un flujo
ininterrumpido y en contraste, en 49 colonias del municipio, como Los
Cangrejos, Mesa Colorada, Lomas del Sol, Las Palmas y Caribe en CSL y en SJC,
Vista Hermosa, Santa Rosa, Monte Real y Zacatal, las familias de escasos
recursos se convierten en víctimas del “huachicoleo”, pues deben comprar agua a
pipas privadas, pagando hasta diez veces más por litro que lo que paga un
residente de una zona residencial de lujo.
Al respecto, el gobernador de Baja California Sur Víctor Castro Cosío
reconoció recientemente que como autoridad han fallado en la disminución y
eliminación del conocido “negocio” de las pipas, que venden agua potable en las
colonias del municipio a precios elevados.
“La verdad esto es un negocio, algunos incluso ni siquiera concesión de
pipas tienen y ahí nos ha fallado a todos, a las autoridades en el sentido de
aplicar más fuerte la ley que primero se piratea mucho y se hace negocio con
las pipas”.
Expuso que conocen de primera mano la problemática que enfrenta la población
principalmente en Cabo San Lucas con el desabasto del recurso hídrico y la
falta del servicio de agua potable a un aproximado de 49 colonias del municipio.
Derivado del déficit de 600 Litros Por Segundo (LPS) que existe en Cabo San
Lucas, el mandatario estatal expresó que se han buscado alternativas para
suministrar más agua a la red, como el caso de la segunda planta desaladora de
250 Litros Por Segundo (LPS).
“Impulsamos la desaladora, nos demandaron 20 amparos en aquella ocasión,
recordarán como batallamos con los amparos y amparos y no podíamos iniciar,
lleva un retraso de tres años la desaladora. Sabemos que cuando empiece a
funcionar va a lograrse mejorar el sistema de agua pero mientras tanto la gente
tiene toda la razón, duran hasta mes, mes y medio sin agua”.
El desabasto del vital líquido, expuso el gobernador, facilita que en Los
Cabo se siga lucrando con el agua, por lo que, hizo un llamado a las
autoridades con la finalidad de que se realicen estrategias para evitar que el
agua se venda a precios elevados y eliminar el “huachicol” del recurso.
Canasta básica
A este escenario se suma una inflación local que convierte el supermercado
en una misión imposible.
El costo de la canasta básica en Los Cabos es aproximadamente un 18% más
elevado que en el resto de la entidad, debido a la complejidad logística de
importar insumos a una "isla energética" y la presión de la demanda
turística. El resultado es una comunidad que sostiene sobre sus hombros el
éxito de una industria global, pero que vive en la precariedad.
De tal forma, el "paraíso" corre el riesgo de colapsar bajo el
peso de su propia desigualdad, recordándonos que no puede haber un destino de clase
mundial con trabajadores de tercera categoría.
Para concluir este análisis sobre la dualidad de Los Cabos, es fundamental
entender que el "paraíso" no es sostenible si se construye sobre el
agotamiento de su gente. La solución no vendrá de una sola mano, sino de un
pacto real entre quienes gobiernan, quienes invierten y quienes habitan este
rincón de la península.
Por parte de las Autoridades Gubernamentales es necesario fortalecer los
programas de Vivienda Social Estratégica. No pueden autorizarse más
megadesarrollos turísticos sin exigir, por ley, la construcción de desarrollos
habitacionales dignos y cercanos para los trabajadores. Se requieren esquemas
de densificación urbana que permitan a los empleados vivir cerca de sus centros
de trabajo, reduciendo drásticamente los tiempos de traslado. Actualmente, gran
parte delo impuesto al Hospedaje se destina a la promoción turística, por lo
que es urgente redireccionar un porcentaje significativo hacia un Fondo de
Infraestructura Social destinado exclusivamente a la pavimentación, alumbrado y
drenaje de las colonias populares que hoy carecen de lo básico.
Democratización del Agua
No basta con construir más desaladoras; se requiere una modernización
agresiva de la red de distribución pública para reducir las fugas (que
actualmente desperdician casi el 40% del caudal) y asegurar que el tandeo sea
equitativo. La prioridad del vital líquido debe ser, por derecho
constitucional, el consumo humano antes que el riego de campos de golf.
La ciudadanía debe organizarse en comités de vigilancia para auditar el
destino de los recursos públicos. La transparencia no llega sola; se exige
mediante la participación en cabildos abiertos y la demanda de rendición de
cuentas sobre los megaproyectos que impactan el entorno.
Ante la inflación "dolarizada", deben crearse cooperativas de
consumo y mercados de productores locales de la zona rural (Miraflores,
Santiago) puede ayudar a bajar los costos de la canasta básica, saltándose a
los intermediarios que encarecen los productos.
Como consumidores y empleados, se debe presionar para que las grandes
cadenas hoteleras no solo cumplan con el salario mínimo, sino que implementen
programas de transporte privado eficiente y becas educativas para los hijos de
su fuerza laboral, asumiendo el costo social de operar en un destino de lujo.
Los Cabos se encuentra en una encrucijada histórica, pues el éxito económico
del destino no debe medirse únicamente por el número de cruceros que llegan o
la tarifa promedio por noche, sino por la calidad de vida del último de sus
trabajadores.
Finalmente, si ese el muro invisible de la desigualdad que existe en Los
Cabos, Baja California Sur no se derriba con políticas públicas valientes y una
ciudadanía despierta, el paraíso de sudcalifornia terminará siendo solo una
postal lejana para quienes, con su sudor, lo mantuvieron vivo todos los días.
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