La Paz, BCS. – El diputado
federal Manuel Cota Cárdenas abordó y desmintió lo que calificó como una infodemia generalizada en torno a la reciente reforma de la Ley de
Aguas Nacionales, aprobada en la Cámara de Diputados.
Durante una
transmisión en vivo por redes sociales, el legislador sudcaliforniano, cuyo origen familiar
está ligado a la agricultura y la ganadería, enfatizó que su voto y trabajo no
traicionarían los esfuerzos históricos de sus abuelos, ni de los productores,
ejidatarios y ganaderos del país.
Cota
Cárdenas explicó que la reforma era necesaria y fue mandatada por la Suprema
Corte de Justicia hace más de una década, debido al rezago, la corrupción y las
malas prácticas históricas que permitieron que el agua se viera como una
mercancía y un negocio, en lugar de un derecho humano.
Detalló que,
ante la iniciativa original presentada por el Ejecutivo, él y un grupo de
legisladores se reunieron con el director de la CONAGUA, exponiendo las dudas y
los puntos de vista en contra, especialmente considerando que Baja California
Sur posee distritos de riego ejemplares, como el 066 de Comondú.
Al reunirse
con productores del Valle de Santo Domingo (Distrito 066 de Riego), Cota
Cárdenas asumió un compromiso: si seis puntos clave no se modificaban, su voto
sería en contra de la iniciativa inicial. Gracias a la participación activa de
los agricultores, el dictamen final incluyó más de 52 modificaciones y 18
reservas, siendo los productores artífices de estos cambios.
El principal
objetivo del Diputado fue aclarar las "leyendas" que circulan en la
opinión pública, tales como la herencia y venta de concesiones: “Desmiento
categóricamente que los agricultores no puedan heredar sus tierras con las
concesiones de agua. LA LEY GARANTIZA QUE LAS SUCESIONES SE MANTENDRÁN CON LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS DE VOLUMEN Y UBICACIÓN. También se mantiene el derecho a
vender parcelas con derechos de riego. La prohibición se centra en las
transferencias a discreción entre particulares que han generado rezagos y
especulación”.
Habló además
sobre las Zonas de Libre Alumbramiento,
mismas que reconocen y fortalecen la historia de los ranchos en zonas
áridas donde la gente utiliza pozos u obras de infraestructura para la
retención de agua, a menudo sin concesión. Estas zonas, destinadas al uso
agrícola, pecuario y familiar, NO SE TRASTOCAN Y SE LES DARÁ LA OPORTUNIDAD DE
ENTRAR EN UN PROCESO DE REGULARIZACIÓN PARA CONTAR CON UN PATRIMONIO.
Cota
Cardenas aclaró que LA LEY NO BUSCA CRIMINALIZAR AL AGRICULTOR O EJIDATARIO. Las
sanciones están dirigidas a quienes usan mal el agua, a quienes la
"huachicolean" o perforan sin concesión con fines ajenos al consumo
humano, doméstico, agrícola o pecuario. La ley busca regular la captación de
agua pluvial para evitar acaparamiento como el ocurrido con la presa privada
del exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés.
Finalmente
destacó la certidumbre en Trámites
(CONAGUA y PEA): Ante los 146 mil trámites pendientes que existían en
CONAGUA, SE AMPLIARÁ EL DECRETO DE REGULARIZACIÓN PARA QUE SEA EXPEDITO Y EN FAST
TRACK. Un logro crucial es que la negativa o positiva ficta de los trámites
(si la autoridad no contesta a tiempo) será ahora a favor del productor, para
que no se vean afectados, por ejemplo, en el subsidio de energía eléctrica para
pozos agrícolas (PEA).
El diputado federal destacó que la iniciativa busca recuperar la rectoría del agua por
parte de CONAGUA, un bien que es de todos los mexicanos, y poner un freno al
mercado del agua y expuso ejemplos de acaparamiento, como una sola familia en
Chihuahua que concentra 47.5 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad
superior a la que ocupa la Ciudad de México para operar (1.5 millones).
Por ello, la
nueva ley prioriza el consumo doméstico, humano y potable, y privilegia la
seguridad alimentaria, fortaleciendo al agricultor y a los ejidos. Además,
obliga a municipios y organismos operadores a destinar recursos de las
participaciones federales, municipales y estatales a este derecho humano.
Manuel Cota destacó
que si bien se mantuvieron los derechos vigentes de las concesiones anteriores,
habrá una segunda etapa de reglamentación para generar excepciones y
distinciones especiales para los ocho distritos de riego ejemplares que tienen
normatividad interna, incluido Comondú.
Respecto a
los operadores de pipas, un tema que también genera controversia, el legislador
señaló que la ley actual solo regula la extracción y el destino, no el proceso
de transporte. Reconoció que muchos piperos son amigos y que no se les debe
"criminalizar". En su opinión, este sector ofrece un servicio que los
gobiernos no han podido solventar (abasteciendo colonias, hospitales y
escuelas). Por lo tanto, buscará que en la nueva reglamentación se genere un
proceso de reordenamiento que no sea punitivo ni cierre de la noche a la mañana
su sustento.
El legislados de Baja California Sur concluyó que una ley siempre debe ser perfectible y que su trabajo
se centra en escuchar y resolver las dudas de los ciudadanos.
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