La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó la creación del órgano administrativo desconcentrado denominado "Transparencia para el Pueblo", que sustituirá al extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La decisión se tomó con 25 votos a favor y 5 en contra, aprobando sin modificaciones la minuta enviada por el Senado.
Este nuevo organismo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, estará bajo supervisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y mantendrá las mismas atribuciones que otros órganos garantes en materia de transparencia y protección de datos. Entre sus funciones, "Transparencia para el Pueblo" podrá conocer y resolver los recursos de inconformidad presentados por particulares respecto a resoluciones de otras autoridades garantes, especialmente en solicitudes que involucren el uso de recursos públicos federales.
Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de controversia, ya que los partidos de oposición mostraron su descontento.
El Partido Acción Nacional (PAN) criticó el dictamen, calificándolo de un "mamotreto ideológico" sin un análisis de impacto presupuestal. Afirmaron que esta reforma no simplifica la transparencia, sino que la desmantela, señalando que "la transparencia no es un gasto, es el oxígeno de la democracia".
Por su parte, el vocero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lamentó que se pretenda "secuestro" de la transparencia con la reforma y destacó su preocupación por que este órgano garante pase a depender de una dependencia federal.
El partido Movimiento Ciudadano también expresó su alarma, argumentando que la reforma otorga al Gobierno la potestad de decidir sobre la entrega de información, lo que convierte a la administración en juez y parte. Aunque se menciona que se puede recurrir al amparo ante inconformidades, esto significaría un retroceso al obligar a los ciudadanos a iniciar procesos legales más largos y costosos.
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