Guaymas, Sonora. - La
apología a la violencia a través de las redes sociales, será condenada hasta
con diez años de prisión en el Estado de Sonora, al entrar en vigor una adición
al
artículo 167 Quater al Código Penal que establece sanciones a quien comparta o
exponga imágenes o videos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren
relacionados con una investigación penal.
Esta
disposición tiene su antecedente en la denominada Ley Ingrid, debido a la difusión
indebida de imágenes en redes sociales y medios de comunicación sobre el
feminicidio de Ingrid, ocurrido en febrero del 2020 en Ciudad de México.
De
acuerdo con la adhesión, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6
de junio, la pena por estas acciones van de cuatro a diez años de cárcel, así
como una multa de 100 a 150 unidades de medida y actualización (UMAS), es
decir, de 9 mil 622 a 14 mil 433 pesos.
La
mencionada Ley establece la prohibición al uso de las redes sociales; páginas
de internet, Facebook y Whattsapp, entre otros, a quienes suban y reenvíen en
forma gráfica y textual, hechos violentos sobre actos delictivos como
asesinatos, violaciones y todo lo que implique apología del delito.
Esto, como
una clara manifestación de salvaguardar la integridad y seguridad de las
familias sonorenses por personas sin identidad, al amparo de seudónimos a
través de las redes sociales.
El mensaje
fue recibido con incredulidad por representantes de medios digitales que en
forma exclusiva manejan la nota roja con tintes amarillistas, al coartar su
libertad de expresión.
También
señala la Ley en referencia “al que por cualquier medio y fuera de los
supuestos autorizados por la Ley, auto grabe, comercialice, comparta, difunda,
distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe,
intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o video
grabe imágenes, audios, videos o documentos, de cadáveres o hechos que se
encuentren bajo una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o
de las lesiones que éstos presentan, sea en el lugar de los hechos o del
hallazgo en cualquier domicilio público o privado, se le impondrá una multa de
cuatro a diez años de prisión.
Guillermo URIAS
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