El aumento en combustibles y fertilizantes, insumos indispensables para la producción de alimentos, ha detonado protestas en la capital de Perú
La noche del lunes 4 de abril, el presidente peruano, Pedro Castillo, decretó un toque de queda y amplió el estado de emergencia en Lima durante el martes, en medio de protestas por las subidas en los precios del combustible y los alimentos.
Anunció, a través de la televisión pública, que se prohibiría permanecer en las calles de la capital de 10 millones de habitantes, incluido el puerto del Callao, por “los hechos de violencia” que en la víspera dejaron casetas de peaje incendiadas, pequeños saqueos en algunas tiendas y choques con la policía.
La prohibición de personas en las calles por casi 24 horas
del martes recuerda los pasados encierros ordenados para evitar los contagios
del nuevo coronavirus, que dejaron en Perú más de 212 mil muertos desde el
inicio de la pandemia.
La última semana de protestas de camioneros y transportistas
por el alza del precio de los combustibles y de los alimentos dejó cuatro
muertos, así como varios heridos. Los cortes en carreteras claves del país
impedían el abastecimiento de algunos mercados de alimentos de la capital que
reciben a camiones de los Andes.
Como respuesta, el gobierno suspendió el domingo y hasta
fines de junio un impuesto para algunos tipos de gasolinas y diésel que
elevaban entre 28 por ciento y 30 por ciento el precio final. Así, el diésel
más usado bajó su precio en 0.47 dólar el galón, pero varios manifestantes
dijeron que el lunes el combustible seguía elevado y sin variaciones en las
gasolineras.
El presidente Castillo es criticado por su descuido en nombrar funcionarios claves y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción en la fiscalía. En ocho meses de gestión ha modificado cuatro veces su gabinete ministerial y su impopularidad alcanza 68 por ciento en marzo según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos.
El parlamento que ha intentado destituirlo lo supera en
descrédito y su desaprobación llega a 79 por ciento.
(MOV, con información de Diario 21)
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