La Cámara de Diputados aprobó la llamada "Ley Ingrid", a fin de sancionar con 4 a 10 años de prisión a funcionarios públicos que filtren y difundan imágenes de víctimas de delitos, especialmente de mujeres y menores de edad.
Con 470 votos a favor, se aprobó añadir la fracción 29 al artículo 225 del Código Penal Federal, el cual, además de los años de prisión, prevé de 100 a 150 días de multa.
Además, se prevé que las sanciones aumenten una tercera parte, en su mínimo y máximo, si la información que se difunda se refiera a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
El dictamen se turnó al Senado para su revisión y eventual aprobación.
La reforma indica que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos, "cuando por sí o por interpósita persona, a través de cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos".
La reforma se aprobó a raíz de la difusión de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, que fueron filtradas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadano y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
De 25 años, Escamilla fue asesinada por su pareja sentimental el 9 de febrero de 2020. Policías filtraron imágenes y videos de la escena del crimen.
A raíz de ello Congresos locales y en la Cámara de Diputados se promovieron reformas legales para sancionar la difusión de imágenes donde se ve a las víctimas.
"El suceso en cuestión puso en el centro del debate la actuación de las autoridades en la investigación del delito de feminicidio, así como la ética por parte del periodismo y de los medios de comunicación.
"Esta reforma en general tiene como objeto salvaguardar la dignidad de las personas afectadas, protegiendo los derechos humanos de la víctima. Con ello también se evita la victimización secundaria por parte del Estado, al impedir que los servidores públicos filtren imágenes o información con el fin de dañar a la víctima y al debido proceso", señala el dictamen aprobado por unanimidad.
El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Felipe Macías, dijo que buscan evitar que quienes están obligados a resguardar las escenas sean los primeros en divulgar imágenes o lucrar con las víctimas.
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