Informo a la sociedad sobre mi decisión de vetar la ley de
ingresos y el presupuesto de egresos que pretende imponer el congreso estatal
en contra de los intereses de las y los Sudcalifornianos.
Esta decisión, sin antecedente en el Estado, implica que las
leyes aprobadas para este año, el 2020, continuarán vigentes. Nuestra
Constitución estatal, en su artículo 64, fracción XXXI, párrafos segundo y
tercero señala que cuando por cualquier circunstancia no llegare a aprobarse la
Ley de Ingresos y/o Presupuesto de Egresos del Estado, se aplicarán los que se
hayan aprobado y publicado con la fecha más reciente en el Boletín del Gobierno
del Estado de Baja California Sur.
Vetaremos también las reformas aprobadas a la Ley de
Coordinación Fiscal.
El veto responde a una convicción: las decisiones de política
pública deben responder a una necesidad social, nunca a un interés electoral.
Lo aprobado por el congreso estatal impide continuar con la
atención de salud para las familias, borra la posibilidad de apoyar a la
economía familiar y pone en riesgo la seguridad pública que tanto nos ha
costado recuperar.
No lo vamos a permitir. Vamos a enfrentar a la tentación
con responsabilidad, congruencia y la fuerza de la ley.
El Congreso ha pasado por alto el derecho de las y los
sudcalifornianos a recibir servicios de calidad por parte de su gobierno
estatal. Sin cumplir con lo que la ley dispone; sin ningún tipo de estudio y
análisis en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación;
en un claro acto de intromisión en la esfera de competencia del Ejecutivo y,
con absoluta irresponsabilidad, abandona a la gente y a sus necesidades al
reducir en 60% el capítulo 3000 del presupuesto relativo a los servicios
generales de las dependencias del Poder Ejecutivo.
Dicha reducción irracional, que se realizó sin el más mínimo
esfuerzo de análisis, estudio o investigación, impacta directamente a conceptos
indispensables para la atención de la población mediante el funcionamiento
adecuado de las dependencias de la administración estatal.
Ejemplo de lo anterior lo constituye el pago del seguro
catastrófico que ante la cancelación del FONDEN se convierte en la única
previsión que se tiene ante la llegada de algún fenómeno metereológico que nos
impacte y cause daños. Se afecta de igual manera el pago de servicio de energía
eléctrica, de agua potable, servicio telefónico e internet, arrendamientos,
capacitaciones, gastos de transporte de atletas de alto rendimiento y
entrenadores.
Aunado a estas afectaciones, se pretende asignar un 2% adicional
a las participaciones que se asignaron a los municipios en el en el presupuesto
de 2020, sin considerar que Baja California Sur es actualmente la entidad que
mayor porcentaje de participaciones federales entrega a sus municipios a nivel
nacional.
En suma, la pretensión de los diputados implica disminuir a la
administración pública estatal aproximadamente 400 millones de pesos que
limitarían, entre otros, la prestación de servicios en materia de salud,
mantenimiento de la seguridad pública y el sostenimiento de la educación en
nuestra entidad.
El legislativo ha olvidado que debe responder a los reclamos
sociales y no a los mandatos partidistas. Llama la atención que la reducción
presupuestal no alcance de manera alguna al presupuesto del propio Poder
Legislativo. Reza el refrán, “Hágase la ley en los bueyes de mi compadre”.
En Baja California Sur no vamos a abandonar a las familias.
Vamos a defender su salud, la economía de los hogares, su seguridad. Eso no es
posible con las leyes y presupuesto que pretenden el Congreso imponer y que
olvida el luto, la enfermedad y la angustia económica de la gente.
Tenemos la razón legal y la tranquilidad moral para frenar el
abuso, impedir el fanatismo y defender el Interés público que siempre
prevalecerá sobre el interés electoral.
El poder ejecutivo estatal no actúa por interés partidario ni se
aleja de la gente.
La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Ley de
Coordinación Fiscal aprobados por el Congreso responden, tristemente, a una
lógica facciosa y mezquina. Más aún cuando fueron modificados de manera
irresponsable y sin realizar el análisis riguroso sobre el impacto económico
que la normatividad exige para mantener finanzas públicas que permitan atender
las necesidades más apremiantes de la población.
El Gobierno del Estado requiere de recursos suficientes para
brindar los servicios que por ley está obligado a prestar a la gente.
No permitiremos que esta arbitraria decisión del legislativo
afecte la vida y la salud de las y los sudcalifornianos, con lo cual se podría
generar una crisis humanitaria.
No aceptamos que más personas enfermen. Tenemos que actuar de la
mejor manera posible, con todos los recursos disponibles frente al reto sin
precedentes que enfrentamos.
No admitimos que los negocios quiebren y las familias sufran.
No permitiremos que la gente se quede sin empleo y sin ingreso.
No vamos a permitir que se destruya nuestra tranquilidad.
Por eso el veto.
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