Mas de 25 mil 173 millones de pesos asigna anualmente el Presupuesto de Egresos, al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una cantidad brutal de dinero público para atender a los llamados "ninis", (ese sector de la población de entre 15 y 29 años de edad, que ni estudia ni trabaja) y que, lejos de disminuir, creció un 5.3% a nivel nacional durante el primer trimestre para alcanzar la cifra total de un millón 425 mil 194 personas.
Este incremento constante resulta altamente perjudicial para el desarrollo económico del país porque la entrega de becas económicas directas termina generando una competencia desleal contra el sistema educativo, desincentivando la permanencia en las aulas e incitando a que los jóvenes abandonen sus estudios por un ingreso temporal de corto plazo que los condena a la informalidad laboral o al desempleo una vez que el subsidio concluye.
En lugar de perpetuar este esquema asistencial, el Estado debería redirigir esa bolsa multimillonaria hacia la educación pública superior tecnológica y profesional.
Dicho financiamiento permitiría modernizar la infraestructura escolar, equipar laboratorios de alta tecnología y garantizar becas de excelencia condicionadas a la graduación, asegurando así un verdadero incremento en la productividad nacional mediante la formación de profesionales capacitados para el mercado laboral formal.
Ignorar este dilema estructural implica condenar a toda una generación a un estancamiento profesional definitivo, pues la verdadera justicia social para la juventud mexicana no se construye con transferencias asistenciales de fecha de caducidad, sino abriendo las puertas de las aulas y garantizando herramientas reales que les permitan tomar las riendas de su propio destino económico.
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