El mercado
turístico de Los Cabos experimenta una profunda metamorfosis estructural
impulsada por la acelerada expansión de las plataformas digitales de hospedaje,
con Airbnb a la vanguardia.
Esta
modalidad ha transformado la oferta de alojamiento en el extremo sur de la
península de Baja California, al grado de superar en volumen de espacios
disponibles al consolidado sector del tiempo compartido, sin embargo, este
crecimiento exponencial reabre un complejo debate sobre la asimetría
regulatoria, las garantías de seguridad para el visitante y el verdadero
impacto en la derrama económica local.
La velocidad
con la que las plataformas de alquiler vacacional han ganado terreno en Los
Cabos es inédita, pues, una investigación basada en datos del proyecto de datos
abiertos Inside Airbnb, revela que Los Cabos se ubica formalmente como el sexto
municipio de México con el mayor número de alojamientos anunciados a través de
esta plataforma digital. El reporte contabiliza un inventario de 9 mil 242
espacios disponibles en el destino.
Para
dimensionar esta cifra, el volumen de unidades ofrecidas mediante plataformas
digitales ya supera la infraestructura del tiempo compartido, un pilar
histórico del destino que actualmente cuenta con aproximadamente 8 mil unidades
habitacionales en operación.
Aunque el
sector hotelero convencional mantiene el liderazgo absoluto con un inventario
que ronda las 24 mil habitaciones, la velocidad de penetración de las
plataformas de alojamiento temporal ha encendido las alarmas de los
desarrolladores turísticos tradicionales, quienes advierten un escenario de
competencia desigual.
El segmento
de tiempo compartido capta de manera constante alrededor de 80 mil turistas
mensuales. La relevancia de este perfil de visitante radica en su alto nivel de
gasto y fidelidad con el destino. Se estima que cada uno de estos turistas
destina, en promedio, mil 500 dólares por estancia exclusivamente en consumos
fuera de su desarrollo, lo que incluye restaurantes, tours, transportación,
pesca deportiva y comercios locales. Esta dinámica inyecta una derrama
económica directa que se aproxima a los 120 millones de dólares anuales para la
comunidad cabeña, un flujo de capital que se distribuye de manera horizontal
entre los prestadores de servicios de la región.
La principal
fricción entre los desarrolladores tradicionales y las plataformas de hospedaje
no radica en la preferencia del consumidor, sino en las reglas del juego.
Los desarrolladores tradicionales y la
hotelería establecida operan bajo una densa red de obligaciones fiscales,
operativas y de protección civil que las viviendas destinadas al alquiler
vacacional suelen evadir.
El ejemplo
más crítico de esta asimetría es el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-07-TUR-2002
(y su proyecto de actualización). Esta normativa federal obliga de manera
estricta a los establecimientos de hospedaje tradicionales a contratar y
mantener vigentes seguros de responsabilidad civil de amplia cobertura. El
objetivo es garantizar la protección y seguridad del turista ante cualquier
siniestro, accidente o eventualidad que ocurra dentro de las instalaciones.
Mientras los
desarrolladores de tiempo compartido y los hoteles tradicionales invierten
sumas considerables para cumplir con estas pólizas y someterse a constantes
auditorías de seguridad, protección civil, planes de contingencia ante
huracanes y licencias de funcionamiento comercial, la gran mayoría de las
propiedades listadas en Airbnb operan bajo el amparo de un vacío normativo
local. Al ser clasificadas formalmente como propiedades residenciales, estas
unidades funcionan sin cumplir con las rigurosas inspecciones de seguridad,
salidas de emergencia, señalización y seguros de responsabilidad civil exigidos
por las leyes mexicanas a la industria del alojamiento profesional.
Los
representantes del sector turístico tradicional en Los Cabos coinciden en que
el objetivo no es frenar el avance tecnológico ni prohibir la operación de
plataformas como Airbnb.
Ambas
opciones de hospedaje representan alternativas competitivas y atractivas que
enriquecen la oferta del destino y atraen a diferentes segmentos de viajeros.
No obstante,
el reto inmediato para las autoridades de los tres niveles de gobierno y el
sector empresarial radica en el diseño de un marco regulatorio moderno,
equitativo y de aplicación estricta.
Si bien el
estado de Baja California Sur ha avanzado en la recaudación fiscal mediante
convenios para retener el 4% del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de
Hospedaje a los usuarios de plataformas digitales, el desafío pendiente sigue
siendo de carácter operativo, de seguridad pública y de ordenamiento urbano y solo
mediante una regulación que iguale las condiciones en materia de protección al
consumidor, normativas de protección civil y garantías de seguridad, Los Cabos
podrá asegurar un crecimiento sostenible que preserve su prestigio
internacional como un destino turístico de clase mundial seguro y ordenado.
Nadie es dueño de las playas: Cerco
legal sobre hoteles que "privatizan" costas de BCS
Con el inicio de la temporada vacacional de verano, todas las playas del
país vuelven a situarse en el centro de la agenda pública, una vez que las autoridades
de los tres niveles de gobierno han reiterado que el acceso a estos espacios
naturales está plenamente garantizado tanto para residentes locales como para
visitantes nacionales y extranjeros.
Este posicionamiento responde a un marco jurídico federal estricto que
consagra a las playas como bienes de uso común e inalienables, prohibiendo
cualquier intento de privatización por parte de desarrollos inmobiliarios o
cadenas hoteleras.
Baja California Sur posee una de las geografías más privilegiadas del
continente americano, ya que cuenta con un total de 2
mil 131 kilómetros de litorales y costas —que equivalen a más del 19% de la
línea costera de todo México—, la entidad se consolida como el estado con la
mayor extensión de playas del país.
A lo largo de esta gigantesca extensión costera, se tienen identificadas
cientos de playas aptas para el esparcimiento, la pesca deportiva, ecoturismo y
la conservación ambiental, sin embargo, el principal reto logístico y de
ordenamiento urbano se concentra en las zonas donde la mancha urbana y el
desarrollo turístico colindan directamente con el mar, especialmente en el
corredor que conecta a San José del Cabo con Cabo San Lucas y en la bahía de La
Paz.
Hoteles
frente al mar y el diagnóstico de la accesibilidad.
La fisonomía de los principales destinos sudcalifornianos está definida por
la presencia de lujosos complejos residenciales y cadenas hoteleras de clase
mundial que han edificado sus estructuras con frente de playa. Tan solo en el
corredor turístico de Los Cabos y áreas adyacentes de alta plusvalía, decenas
de grandes desarrollos hoteleros y condominios de lujo limitan físicamente con
la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Para regular esta convivencia entre la propiedad privada
y el patrimonio público, instituciones como el Instituto Municipal de
Planeación de Los Cabos (Implan) han estructurado iniciativas técnicas sin
precedentes, como el Inventario Municipal de Accesos a Playas.
Este diagnóstico ha permitido identificar formalmente 132 accesos hacia el
litoral costero únicamente en la región de Los Cabos. El objetivo de este
catálogo oficial es clasificar el estado de cada paso —identificando cuáles son
libres, cuáles cuentan con controles de seguridad privada y cuáles presentan
restricciones indebidas— para así diseñar andadores públicos dignos, inclusivos
y debidamente señalizados que garanticen que la infraestructura hotelera no se
convierta en una muralla infranqueable para el ciudadano común.
Históricamente, la colocación de vallas, plumas de acceso, personal de
seguridad restrictivo o la falta de vialidades públicas hacia el mar han sido
focos de tensión constante en la región.
Inspecciones gubernamentales han detectado en el estado cerca de 28 zonas
costeras con accesos restringidos o bloqueados de manera ilegal por parte de
propietarios de terrenos colindantes que pretenden vender la idea de poseer una
"playa exclusiva", pero frente a esta
problemática, las autoridades recuerdan que el artículo octavo de la Ley
General de Bienes Nacionales, reformado con rigor, establece con claridad que
el acceso a las playas marítimas no puede ser inhibido, obstaculizado ni
restringido por ningún particular.
Cualquier acto
de obstrucción, colocación de cercos o cobro indebido para ingresar al litoral
constituye una violación federal que es sancionada de manera severa. La
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las autoridades
municipales mantienen canales abiertos para recibir denuncias ciudadanas,
aplicando multas económicas sustanciales que pueden superar el millón de pesos
para aquellos concesionarios o terratenientes que insistan en violar el
principio constitucional del libre tránsito hacia los balnearios de la nación.
En Baja California Sur se busca consolidar un modelo turístico armónico
donde la millonaria inversión hotelera conviva con el respeto absoluto al
derecho de los ciudadanos de disfrutar de las riquezas naturales de su entorno.
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