La Paz, Baja California Sur.— Ante el acelerado crecimiento poblacional y el incremento de malas prácticas en el sector de bienes raíces, se presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa con proyecto de decreto que busca tipificar el delito de "Corrupción Inmobiliaria" en el Código Penal del Estado, además de catalogarla como una falta administrativa grave en la Ley de Responsabilidades Administrativas estatal y municipal.
La propuesta surge como un mecanismo urgente para proteger
el patrimonio familiar de los sudcalifornianos, con especial atención a
sectores vulnerables como las mujeres jefas de familia y los adultos mayores.
La reforma
plantea la adición del artículo 291 Bis al Código Penal para castigar
penalmente a aquellos servidores públicos o particulares que de forma ilegal
induzcan, faciliten o gestionen alteraciones en documentos relacionados con permisos
de construcción, uso de suelo o comercialización de edificaciones fuera de la
norma. Quienes incurran en estas conductas delictivas podrían enfrentar penas
de diez a veinte años de prisión, así como severas multas económicas. La
propuesta también preve de forma estricta diversas agravantes si los
funcionarios públicos o sus familiares obtienen beneficios financieros, e
incluye la cancelación definitiva de licencias para los agentes inmobiliarios
cómplices.
El proyecto
de ley responde directamente al aumento de fraudes, despojos, construcciones
irregulares y cambios de uso de suelo injustificados que alteran el
ordenamiento territorial y propician el desplazamiento social. Con la adición
complementaria del artículo 64 Ter a la Ley de Responsabilidades
Administrativas, el Congreso del Estado busca cerrar el paso a la impunidad
institucional, sancionando de manera contundente la colusión de las autoridades
en el desarrollo inmobiliario ilegal y garantizando el derecho a una vivienda
digna en Baja California Sur.
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