La Paz, Baja
California Sur.— Con el
propósito de garantizar que el acceso al agua potable deje de ser un privilegio
económico y se consolide como un derecho humano, se presentó ante el Congreso
del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas de Baja California Sur.
Esta propuesta busca armonizar el marco legal local con la nueva Ley General de
Aguas impulsada a nivel federal por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, atendiendo directamente el desabasto y los prolongados tandeos que
afectan a miles de familias, especialmente en el municipio de Los Cabos.
El eje
central de la iniciativa estipula que los organismos operadores de la entidad
tendrán prohibido suspender de forma total el suministro de agua potable y
saneamiento a los usuarios que presenten falta de pago. La ley obligará a
mantener un flujo mínimo indispensable para el consumo humano básico, bajo la
premisa de que el recurso es vital para el aseo, la cocina y la salud. Los
promotores de la reforma señalaron que las reglas administrativas de cobranza
no pueden estar por encima de la dignidad humana ni condenar a los sectores
vulnerables que atraviesan dificultades financieras.
Adicionalmente,
el proyecto de decreto contempla el reconocimiento legal de los sistemas
comunitarios de agua en zonas rurales o apartadas donde los organismos
municipales no tienen cobertura, fortaleciendo los modelos de organización
social existentes. También promueve la adopción de mecanismos de captación de
agua de lluvia para el consumo doméstico y la profesionalización del personal
técnico para mejorar el servicio. Aunque los legisladores reconocieron que la
reforma no resolverá de inmediato los retos hídricos del estado, afirmaron que
representa un avance firme hacia un sistema más justo, humano y eficiente.
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