El malestar
ciudadano en Baja California Sur ha alcanzado niveles de indignación
generalizada debido a la escalada incesante en los precios de la energía
eléctrica, gasolinas y productos que integran la canasta básica.
La condición
insular del estado encarece por defecto toda la cadena de suministro, pero el
impacto en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad durante la
temporada de verano es el golpe definitivo a las finanzas familiares.
Lo anterior,
a pesar de los subsidios temporales anunciados por el gobierno, el uso
indispensable de aires acondicionados para sobrevivir al clima extremo provoca
que las facturas de luz se vuelvan impagables para el grueso de la población
con salarios promedio.
A esto se
suma el precio de la gasolina, que se mantiene de manera constante entre los
más elevados de toda la República Mexicana, encareciendo el transporte público
y el traslado de mercancías.
La inflación
alimentaria se resiente con fuerza en los supermercados y mercados locales,
donde las frutas, verduras y productos cárnicos básicos registran incrementos
semanales que pulverizan cualquier aumento al salario mínimo.
El
descontento de los sudcalifornianos no es infundado: se percibe un abandono por
parte de las políticas de control de precios que no toman en cuenta las
condiciones geográficas particulares de la entidad.
Las
exigencias de tarifas justas reflejan que el costo de habitar este rincón del
país se ha vuelto un lujo insostenible para las clases trabajadoras, quienes
ven cómo su salario se disuelve por completo en pagar servicios públicos y
alimentos esenciales.
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