El Congreso del Estado de Baja California Sur recibió dos iniciativas de reforma que buscan, por un lado, garantizar que la infraestructura estatal sea vigilada directamente por la sociedad y, por otro, armonizar el marco penal local para combatir con mayor severidad los delitos cometidos contra la infancia y la adolescencia.
La primera propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y establece mecanismos claros y operativos para la integración del Observatorio Ciudadano de Obra Pública, un organismo diseñado para el seguimiento, análisis y evaluación de los proyectos realizados con recursos que pertenecen a toda la ciudadanía.
Es importante recordar que la figura del Observatorio Ciudadano fue incorporada formalmente en la legislación estatal desde el año 2019; sin embargo, debido a la falta de reglas precisas, nunca llegó a instalarse formalmente, a pesar de que los artículos transitorios de aquel entonces establecían un plazo de 120 días hábiles para su conformación, dejando la ley como una asignatura pendiente durante años.
La nueva propuesta busca dejar atrás este rezago regulando de manera puntual el procedimiento para designar a sus integrantes. Se plantea el uso de convocatorias públicas y criterios de selección transparentes que aseguren la participación de organizaciones de la sociedad civil con experiencia en fiscalización, obra pública y combate a la corrupción. Además, se enfatiza la garantía del principio de paridad de género y la promoción de una integración plural que fortalezca la confianza entre el gobierno y los habitantes del estado.
En cuanto a su composición, el observatorio contaría con representantes de organismos profesionales y académicos de alto prestigio. Entre ellos se encuentran la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, los colegios de ingenieros, arquitectos y peritos valuadores, así como la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico de La Paz. Bajo este esquema, el Congreso del Estado, mediante las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Infraestructura, sería el responsable de emitir la convocatoria y supervisar que el proceso de integración cumpla con los estándares de apertura requeridos.
Frente común contra la impunidad en delitos infantiles
De manera complementaria, se presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado en materia de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, misma que surge tras la detección de áreas de oportunidad críticas en la legislación local, la cual actualmente carece de figuras jurídicas que ya se encuentran contempladas en el marco federal, dejando a las autoridades en una situación de desventaja procesal.
Uno de los puntos más alarmantes señalados en la exposición de motivos es que el Código Penal local no tipifica de manera expresa delitos como el turismo sexual ni la pederastia y por ello, la ausencia de estas figuras genera vacíos legales que dificultan la persecución de los agresores y pueden dejar en estado de indefensión a las víctimas. Al no contar con conceptos claros para encuadrar estas conductas, las instituciones de procuración de justicia enfrentan obstáculos para establecer sanciones que sean verdaderamente proporcionales al daño causado a las niñas, niños y adolescentes.
La reforma propone un avance histórico para la entidad al plantear la imprescriptibilidad de estos delitos. Esta medida es fundamental, ya que reconoce que las víctimas, debido a su edad o a la gravedad del trauma sufrido, suelen tardar años o incluso décadas en estar en condiciones de denunciar a sus agresores.
Con la adición de nuevos capítulos relacionados con el turismo sexual, la pederastia y diversas agravantes, Baja California Sur busca colocarse a la vanguardia nacional en la adopción de medidas legislativas orientadas a proteger la integridad y el desarrollo pleno de la niñez. La iniciativa ya ha sido turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, así como a la de Niñas, Niños y Adolescentes, para su análisis detallado y posterior dictaminación.
De aprobarse ambos paquetes de reformas, el estado no solo fortalecería su cultura de transparencia en el manejo de recursos públicos, sino que también consolidaría un marco normativo más robusto y justo para las nuevas generaciones.
Comentarios
Publicar un comentario