La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó hoy, sobre la detección de una red
de extracción ilegal que operaba directamente en el acueducto que abastece a
Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos.
Efraín Morales, titular de la dependencia, informó durante la conferencia
matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum que grupos de particulares
instalaron infraestructura clandestina para interceptar el flujo del vital
líquido antes de que este llegara a la ciudad.
El funcionario detalló que el agua robada era utilizada para llenar camiones
cisterna que posteriormente se vendían a los sectores más vulnerables de la
población, lucrando con la escasez en la zona, por lo que ya se han iniciado
los procedimientos penales correspondientes para castigar a los responsables.
Morales, titular de la dependencia, detalló que se detectó infraestructura
clandestina diseñada específicamente para interceptar el flujo del vital
líquido antes de su llegada a la mancha urbana, desviándolo para el llenado de
pipas que posteriormente eran vendidas a precios elevados a las familias con
mayores carencias.
Ante la gravedad de estos hechos en una zona marcada por el estrés hídrico,
las autoridades federales confirmaron el inicio de procedimientos penales bajo
los criterios del Código Penal Federal y la Ley de Aguas Nacionales, lo que
podría derivar en sanciones severas por el delito de despojo de aguas y daños a
la infraestructura federal.
El impacto de estas clausuras en Baja California Sur
representa un punto de inflexión para la seguridad hídrica de la región, ya que
la recuperación del caudal interceptado permitirá que el volumen de agua
retorne a la red de distribución oficial operada por el organismo municipal.
Este tipo de intervenciones son cruciales para desarticular lo que
localmente se conoce como la "mafia de las pipas", la cual suele
lucrar con la escasez artificial para mantener un mercado negro de agua.
El Gobierno federal busca no solo castigar el lucro con la necesidad básica,
sino también estabilizar el suministro en las colonias que dependen
críticamente de este flujo para su subsistencia diaria, reduciendo la brecha de
desigualdad en el acceso al recurso.
Por otra parte, el informe de la Conagua también exhibió
irregularidades de alto perfil que involucran a la familia del diputado federal
del PRI, Mario Calzada, en el estado de Querétaro.
Morales afirmó que este grupo concentra 628 mil metros cúbicos de agua
distribuidos en cinco títulos de uso agrícola, los cuales eran desviados
ilegalmente para la comercialización de agua en pipas o para el riego de un
club de Polo.
La Presidenta Sheinbaum criticó duramente la postura del legislador, quien
se ha opuesto formalmente a la nueva ley de aguas bajo la premisa de defender
el interés público, mientras que, en la práctica, su familia aprovechaba
concesiones gratuitas para fines comerciales de carácter privado y tras dichos
hallazgos, se procedió a la clausura definitiva de las instalaciones y al
retiro de las concesiones, superando incluso intentos de frenar la acción
mediante amparos legales.
El escrutinio federal alcanzó al sector industrial de
bebidas, revelando que una empresa refresquera no identificada mantenía 18
títulos de concesión con una discrepancia de más de 2.8 millones de metros
cúbicos sin registro de pago, además de operar 42 concesiones sin medidores.
Esa compañía, que inicialmente presentaba un adeudo de 234 millones de
pesos, ha comenzado a regularizarse tras realizar un pago parcial de 52
millones. En una situación similar se encuentra una famosa embotelladora de
agua que operaba con descargas no autorizadas y construcciones ilegales en zona
federal, pagando apenas uno de los tres títulos con los que cuenta.
Con estas acciones, la administración federal busca establecer un precedente
de transparencia y legalidad, asegurando que tanto actores políticos como
grandes corporaciones cumplan con sus obligaciones fiscales y respeten el
derecho humano al agua.
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