Ciudad de México.- El Senado de la República avanza hacia la protección de las víctimas de violencia sexual al ser arobado un dictamen que reforma de manera integral el Código Penal Federal, cuya iniciativa busca actualizar el marco jurídico bajo estrictos estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos, enfocándose en la víctima y erradicando criterios probatorios basados en estereotipos de género.
La reforma tiene como objetivo principal establecer una descripción más amplia y clara del delito de abuso sexual, retomando los estándares internacionales que hay en la materia. Este esfuerzo responde a la "realidad alarmante" de la violencia sexual que "afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes" y que, históricamente, ha mantenido altos niveles de impunidad.
Uno de los puntos centrales del dictamen es la redefinición del consentimiento. La nueva disposición establece claramente que "no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima, como consentimiento". Este cambio fortalece de manera crucial el marco jurídico penal y actualiza la ley, contribuyendo a una protección más efectiva de las víctimas al desmontar estereotipos que llevaban a la revictimización de quienes denunciaban.
El documento también recoge el reconocimiento de conductas que no implican contacto físico y precisa que el delito puede cometerse tanto en el ámbito público como en el privado. Esto permite una protección penal más acorde con las diversas formas en que se manifiesta la violencia sexual en la actualidad.
Reparación Integral y Persecución Oficiosa
Además de la actualización de la tipificación del delito, la reforma incorpora medidas esenciales de reparación del daño y garantías de no repetición para las víctimas. De igual forma, se establece la persecución oficiosa del delito, lo que significa que las autoridades tienen la obligación de investigar y sancionar el ilícito sin necesidad de que la víctima ratifique la denuncia o mantenga una instancia activa.
En el debate quedó de manifiesto que los tipos penales imprecisos y los criterios probatorios sustentados en estereotipos de género han contribuido a la impunidad. Por ello, la reforma establece la obligación ineludible del Estado mexicano de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia sexual, incorporando una definición más clara del abuso, precisando el alcance del conocimiento y garantizando un enfoque centrado en los derechos de las víctimas.
Al respecto, senadoras y senadores coincidieron en la importancia de hacer justicia a las mujeres, "sobre todo a aquellas que viven muchas de las violencias que se ejercen en su contra, para que no se sientan solas". Se consideró primordial seguir trabajando en la igualdad sustantiva, resaltando la necesidad de capacitar a los servidores públicos en materia de procuración de justicia con perspectiva de género, un elemento clave para asegurar que la reforma se aplique sin revictimizar a las mujeres.
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