Imagina un juego de mesa donde cada jugador inventa sus
propias reglas sobre la marcha: Surgiría el caos y nadie sabría a qué atenerse.
Esa es exactamente la incertidumbre que rodea hoy el uso de
a la inteligencia artificial en México, y por esa razón, la Comisión Permanente
de la Cámara de Diputados recibió una propuesta para reformar el artículo 73 de
la Constitución Mexicana.
Dicho Artículo actúa como el catálogo oficial de facultades
del Congreso de la Unión y si un asunto no está explícitamente en esa lista,
los diputados y senadores no tienen permiso legal para crear leyes nacionales
al respecto.
Por lo anterior, la reforma busca incluir los sistemas de IA
en este catálogo, otorgando a los diputados el poder de establecer normas
uniformes en todo el territorio.
La urgencia responde a una realidad innegable: la
inteligencia artificial dejó de ser un experimento de laboratorio y hoy en día
su presencia es cotidiana en tareas escolares, diagnósticos médicos, trámites
gubernamentales, seguridad pública y generación de contenidos.
Sin embargo, aunque simplifica labores en el hogar y las
oficinas, plantea riesgos serios para la privacidad y el manejo descontrolado
de datos personales.
Desde 2023, decenas de iniciativas legislativas sobre el
tema quedaron en el olvido, y ante esa falta de acciones, varios estados
intentaron regular la IA por su cuenta, creando una “colcha de retazos” con
normas distintas en cada entidad.
La crisis de este modelo fragmentado quedó expuesta cuando
la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que invalidar una ley estatal,
advirtiendo sobre la urgente necesidad de una base constitucional federal.
De aprobarse la reforma, el Congreso tendrá luz verde para
emitir una ley marco, lo que impediría que existan reglas contradictorias entre
estados y dará certidumbre a escuelas, empresas, autoridades y ciudadanos.
¿Cómo se traduciría esto en la práctica cotidiana?
Si una aplicación genera imágenes falsas o clona la voz de
una persona, la regulación nacional podría exigir marcas de agua obligatorias
en los archivos. Así, cualquier usuario identificaría al instante si un video
en redes sociales es real o una manipulación digital.
En el ámbito laboral, educativo o financiero, la ley podría
prohibir que un algoritmo rechace automáticamente la solicitud de beca de un
estudiante o un crédito bancario sin revisión humana.
Asimismo, pondría candados para evitar que las compañías
utilicen fotografías, audios o información personal sin autorización previa.
Unificar el criterio legal eliminaría la confusión, pues sin una normatividad federal, el desarrollo o uso de una aplicación podría ser legal en un estado y motivo de sanción en el vecino.
Establecer reglas parejas desde Cancún hasta La Paz,
garantiza que los desarrolladores sepan qué requisitos cumplir y que los
usuarios tengan la misma protección en cualquier punto del país.
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