Las cifras recientes publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su Informe de Violencia contra las Mujeres reflejan un panorama sumamente preocupante para Baja California Sur, posicionando a la entidad en el segundo lugar nacional con la mayor tasa de víctimas de corrupción de menores al registrar 44 casos entre enero y junio de este año.
Lo anterior representa un indicador de 9.74 casos por cada 100 mil mujeres que superó por un contundente 375% a la media nacional de 2.05 casos, superada únicamente por el estado de Guanajuato y marcando un repunte del 12.82% en comparación con las 39 víctimas contabilizadas durante el mismo periodo del año anterior.
Esta vulnerabilidad que enfrentan niñas, niños y adolescentes en la entidad se extiende desafortunadamente hacia los delitos del orden sexual, donde la entidad se ubicó dentro de los primeros lugares a nivel República tras registrar 112 denuncias por el delito de violación durante el primer semestre del año, arrojando una tasa de 12.15 casos por cada 100 mil habitantes que casi duplica la media nacional fijada en 7.50.
Ello, aun cuando el estado presentó una ligera disminución del 11.61% en comparación con las 125 víctimas del primer semestre de 2025, la alta incidencia de denuncias y de llamadas de emergencia relacionadas con estas conductas mantiene a la región en una zona roja que exige respuestas inmediatas por parte de las instituciones encargadas de la protección social.
A la par de estos indicadores delictivos, la efectividad institucional y la contención del entorno familiar juegan un papel clave frente a los reportes de desaparición en municipios como Los Cabos, tal como lo expuso Lizeth Collins Collins, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, al señalar que la detonación inmediata de los mecanismos de rastreo como el Protocolo Alba y las fichas de localización para la infancia permite mantener una elevada tasa de localización con vida a las pocas horas de recibir las denuncias.
Al mismo tiempo, reveló que la mayoría de las ausencias de menores no corresponden a conductas delictivas de terceros sino a severas problemáticas o conflictos que se generan en el seno del hogar.
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