Despertar a medianoche para llenar un tinaco o unas cubetas, racionar cada litro para lavar los trastes, la ropa, o gastar mas de tres mil pesos del ingreso familiar para comprar un suministro de agua en pipa, no es algo que pasará en un futuro lejano sino una realidad que vive todos los días el 83 % de las familias en la capital sudcaliforniana que no tienen agua todos los días.
Frente a este panorama, la postura expresada por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío no solo es sensata, sino de una urgencia impostergable: es prioritario poner un alto a la expansión inmobiliaria desmedida y proteger los mantos acuíferos antes de que el mapa urbano colapse por completo.
Durante años, la lógica del "desarrollo a toda
costa" impuso una narrativa donde el crecimiento del PIB estatal y los
récords en inversión privada justificaban la entrega indiscriminada de
factibilidades de agua.
Se autorizaron complejos de alta densidad y torres de
departamentos orientados a rentas vacacionales cortas que consumen recursos al
ritmo de una industria, mientras las colonias populares del entorno reciben
agua por tandeo un par de días a la semana. Abrir la llave no puede seguir
siendo un privilegio reservado para quienes pueden pagar un condominio con
vista al mar.
El sector empresarial argumenta con frecuencia que limitar
la construcción atenta contra el empleo y la certeza jurídica de los capitales.
Es una preocupación comprensible, pero descansa sobre una
premisa falsa. ¿Qué certeza jurídica o qué viabilidad económica puede ofrecer
un territorio que se encamina a la intrusión salina irreversible de sus pozos?
Si los mantos freáticos se secan o se contaminan con agua
marina por sobreexplotación, no habrá resort de lujo, desarrollo inmobiliario
ni industria turística que pueda sostenerse. La verdadera ruina económica
radica en ignorar los límites físicos de nuestro entorno.
Garantizar el derecho humano al agua por encima del interés
especulativo no significa estar en contra del progreso, sino definir reglas
claras de supervivencia.
El frente común que propone Víctor Castro Cosío, entre el
Gobierno del Estado, el Congreso y los municipios es indispensable para auditar
las obras en marcha, regular plataformas tipo Airbnb y frenar licencias en
proyectos que pretendan seguir extrayendo un recurso que no existe en el
subsuelo.
La infraestructura hídrica alternativa y las plantas
desaladoras pueden ser parte del futuro, pero hoy la prioridad absoluta es
proteger el agua de la gente. Poner orden al crecimiento urbano no es una traba
burocrática; es un acto elemental de justicia social.
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