Con el inicio de la temporada vacacional de verano, todas las playas del
país vuelven a situarse en el centro de la agenda pública, una vez que las autoridades
de los tres niveles de gobierno han reiterado que el acceso a estos espacios
naturales está plenamente garantizado tanto para residentes locales como para
visitantes nacionales y extranjeros.
Este posicionamiento responde a un marco jurídico federal estricto que
consagra a las playas como bienes de uso común e inalienables, prohibiendo
cualquier intento de privatización por parte de desarrollos inmobiliarios o
cadenas hoteleras.
Baja California Sur posee una de las geografías más privilegiadas del
continente americano, ya que cuenta con un total de 2
mil 131 kilómetros de litorales y costas —que equivalen a más del 19% de la
línea costera de todo México—, la entidad se consolida como el estado con la
mayor extensión de playas del país.
A lo largo de esta gigantesca extensión costera, se tienen identificadas
cientos de playas aptas para el esparcimiento, la pesca deportiva, ecoturismo y
la conservación ambiental, sin embargo, el principal reto logístico y de
ordenamiento urbano se concentra en las zonas donde la mancha urbana y el
desarrollo turístico colindan directamente con el mar, especialmente en el
corredor que conecta a San José del Cabo con Cabo San Lucas y en la bahía de La
Paz.
Hoteles
frente al mar y el diagnóstico de la accesibilidad.
La fisonomía de los principales destinos sudcalifornianos está definida por
la presencia de lujosos complejos residenciales y cadenas hoteleras de clase
mundial que han edificado sus estructuras con frente de playa. Tan solo en el
corredor turístico de Los Cabos y áreas adyacentes de alta plusvalía, decenas
de grandes desarrollos hoteleros y condominios de lujo limitan físicamente con
la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Para regular esta convivencia entre la propiedad privada
y el patrimonio público, instituciones como el Instituto Municipal de
Planeación de Los Cabos (Implan) han estructurado iniciativas técnicas sin
precedentes, como el Inventario Municipal de Accesos a Playas.
Este diagnóstico ha permitido identificar formalmente 132 accesos hacia el
litoral costero únicamente en la región de Los Cabos. El objetivo de este
catálogo oficial es clasificar el estado de cada paso —identificando cuáles son
libres, cuáles cuentan con controles de seguridad privada y cuáles presentan
restricciones indebidas— para así diseñar andadores públicos dignos, inclusivos
y debidamente señalizados que garanticen que la infraestructura hotelera no se
convierta en una muralla infranqueable para el ciudadano común.
Históricamente, la colocación de vallas, plumas de acceso, personal de
seguridad restrictivo o la falta de vialidades públicas hacia el mar han sido
focos de tensión constante en la región.
Inspecciones gubernamentales han detectado en el estado cerca de 28 zonas
costeras con accesos restringidos o bloqueados de manera ilegal por parte de
propietarios de terrenos colindantes que pretenden vender la idea de poseer una
"playa exclusiva", pero frente a esta
problemática, las autoridades recuerdan que el artículo octavo de la Ley
General de Bienes Nacionales, reformado con rigor, establece con claridad que
el acceso a las playas marítimas no puede ser inhibido, obstaculizado ni
restringido por ningún particular.
En aquellos casos donde no existan vías públicas de acceso desde las carreteras
o asentamientos, los propietarios de los terrenos colindantes están obligados
por ley a permitir el libre tránsito de las personas a través de servidumbres
de paso diseñadas para tal fin.
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