La postura gubernamental responde a la escasez crítica de agua
potable que enfrentan los principales centros urbanos de la península, donde la
capacidad de extracción sobrepasa los niveles de recarga de los acuíferos.
A la par del desabasto hídrico, los efectos acelerados de la
gentrificación en destinos como Los Cabos y La Paz han disparado el costo de la
vivienda y la saturación de los servicios públicos básicos. Diversos sectores
productivos respaldaron la necesidad de replantear los modelos de planeación
urbana antes de comprometer más recursos naturales para la edificación de
desarrollos de alta densidad.
El tema permanece en el centro de las discusiones políticas y empresariales de la entidad.
Mientras algunos sectores piden acelerar la
construcción de infraestructura desaladora para permitir nuevas inversiones,
grupos comunitarios exigen congelar cualquier concesión en tanto no se
garantice primero el agua para las colonias periféricas.
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