La propuesta plantea fijar plazos improrrogables para que los
dictámenes presentados por las fuerzas políticas sean analizados, debatidos y
resueltos en tiempos expeditos.
En la actualidad, decenas de proyectos de ley y reformas permanecen archivados sin dictaminar en las distintas comisiones de trabajo, situación que paraliza el avance normativo en temas de gran trascendencia social.
Las reformas al reglamento buscan obligar a los presidentes de las
comisiones a sesionar de forma periódica y a emitir un pronunciamiento formal
sobre cada iniciativa en un período no mayor a 30 días hábiles tras su
recepción.
De no cumplirse los tiempos fijados, el asunto pasaría de forma directa a la Mesa Directiva para ser sometido al pleno, evitando que los expedientes se acumulen sin justificación técnica.
La discusión parlamentaria
de este paquete de cambios al trabajo interno dará inicio en la próxima sesión
ordinaria.
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