La Paz, BCS.- "La amistad queda al margen, la cordialidad política es distinta a la complicidad, y yo no tengo cómplices, sea familiar, ahijado, amigo o quien sea, que se aplique la ley, sentenció de manera enérgica el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, al desmarcarse de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta Juan Ignacio Rivas González, exdirector de Informática del Gobierno de Baja California Sur.
El mandatario estatal aseguró que la relación personal y el parentesco espiritual que mantiene con el exfuncionario no influirá en lo absoluto en el curso de las indagatorias: "Si la regó, que responda ante la ley. Más claro ni el agua" diji.
Castro Cosío confirmó públicamente haber sido el padrino de bodas de Rivas González; sin embargo, enfatizó que este vínculo no representa protección alguna. "Lo acompañé cuando se casó como padrino, pero eso no quita que, si merece ser investigado y castigado por la autoridad, se haga", declaró ante los medios de comunicación, dejando en claro que su administración no tolerará actos fuera de la legalidad.
La situación legal del exdirector de Informática escaló a instancias federales tras detectarse serias discrepancias entre los bienes que poseía y los ingresos reportados en sus declaraciones patrimoniales. De acuerdo con información previa del propio Gobierno del Estado, el caso derivó en la revisión de vehículos de lujo y otros activos que forman parte de la carpeta de investigación. Castro Cosío detalló que la administración estatal detectó que el exfuncionario "no hizo la declaración correcta", motivo por el cual dieron vista a las autoridades competentes y solicitaron formalmente la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para determinar el origen de los recursos y la evolución patrimonial del exservidor público.
A pesar de las versiones que circulan en la opinión pública y que señalan que el patrimonio investigado podría superar los 100 millones de pesos, el gobernador evitó pronunciarse sobre dicha cifra.
Argumentó que corresponde de manera exclusiva a las autoridades investigadoras determinar la existencia de alguna conducta ilícita y el monto de la misma.
Con esta postura, el titular del Ejecutivo de Baja California Sur envió un mensaje sobre la política de combate a la corrupción dentro de su gestión, recordando que desde el inicio de su administración ha instruido que cualquier señalamiento sustentado en pruebas sea investigado por las autoridades correspondientes, independientemente de quién resulte involucrado.
El mandatario concluyó que ya existe una carpeta de investigación abierta y que serán las instancias encargadas de la procuración de justicia las que determinen si existen responsabilidades administrativas o penales.
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